El proceso extraordinario de regularización de extranjeros en España entra en su última quincena con un volumen de peticiones que desborda las previsiones oficiales. El Gobierno ya ha registrado 900.000 solicitudes de ciudadanos extranjeros que buscan legalizar su estatus de residencia y laboral en el país. Sin embargo, el ritmo de la administración avanza con lentitud: hasta la fecha, apenas 360.000 expedientes han logrado ser admitidos a trámite.

En Castilla y León, cientos de migrantes intentan dejar atrás la clandestinidad forzosa. Los perfiles son diversos, desde solicitantes de protección internacional que llegaron huyendo de la violencia en sus países de origen, hasta profesionales cualificados con ahorros previos y títulos universitarios homologados que se topan con un muro burocrático que les impide ejercer durante años.

El camino hacia la inserción laboral no habría sido posible para muchos de ellos sin la intervención directa de la red asistencial de organizaciones del tercer sector. Entidades como Cáritas, ACEM o Procomart se han convertido en el soporte imprescindible para ofrecer desde un techo de emergencia hasta el asesoramiento legal necesario para conseguir un empleo y consolidar una vida estable en la región.