El auge del género 'True Crime' en España afronta un escenario de regulación sin precedentes. El Ministerio de Justicia tramita un anteproyecto de ley orgánica diseñado para impedir que los autores de delitos graves puedan obtener beneficios económicos mediante la explotación mediática de sus crímenes en libros, series o documentales.

Un choque de derechos fundamentales

Esta medida legislativa responde a una demanda histórica de colectivos de víctimas, quienes advierten del riesgo de vanagloriar a los criminales y generar revictimización. No obstante, la norma camina sobre una línea delgada, ya que la ampliación de la protección podría entrar en conflicto directo con el derecho constitucional a la libertad de expresión y de información. Los juristas recuerdan que los tribunales deberán examinar caso por caso.

El precedente y la influencia internacional

La presión social tuvo un punto de inflexión decisivo cuando Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, logró paralizar un proyecto documental sobre la asesina de su hijo, Ana Julia Quezada, quien pretendía lucrarse desde prisión.

Este tipo de restricciones no son nuevas; Estados Unidos cuenta desde hace cinco décadas con la conocida "Ley del Hijo de Sam" para evitar el lucro criminal.