La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha retomado esta semana el debate sobre el anteproyecto de ley para la protección de los menores en los entornos digitales. La norma, que lleva más de ocho meses en tramitación, avanza envuelta en la polémica debido a las diferentes posturas de los grupos parlamentarios. El PSOE defiende una restricción total del acceso a ciertas plataformas, mientras que formaciones como el PP y Junts son partidarias de permitir el uso bajo autorización expresa de los padres.

Este movimiento legislativo alinea a España con las políticas restrictivas que ya se están implantando en países como Australia o el Reino Unido, orientadas a levantar "muros" frente a los riesgos del entorno virtual para la infancia.

Más control penal y el reto de la verificación

Entre las medidas más destacadas del texto se encuentra el endurecimiento del Código Penal, que pasará a castigar no solo la difusión, sino también la propia creación de noticias falsas ('fake news'). Asimismo, se proyecta elevar la edad mínima del consentimiento digital de los 14 a los 16 años.

No obstante, la aplicación práctica de la norma genera dudas entre los expertos jurídicos. El principal escollo radica en cómo implementar sistemas de verificación de edad eficaces que impidan el acceso de los menores sin que esto suponga una vulneración del derecho a la privacidad y un rastreo masivo de la identidad de los ciudadanos.