La Junta de Castilla y León garantiza que la futura norma de concordia y reconciliación, que ha iniciado la tramitación inicial, permitirá que las dos formaciones, PP y Vox, se sientan "cómodas", pero también la "mayor parte" de la ciudadanía, puesto que no pretende "restar ningún derecho", ni impedir la identificación de restos de antepasados. Para ello, se redactará bajo tres principios como son el de reivindicar la historia común, convertirla en un elemento de "unión" y combatir que sea utilizado para generar "división" y "desunión" en la sociedad española.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, señaló que la futura norma, que todavía no se ha definido si será un decreto o una ley, se redactara sobre la base de algo que "una" a los dos socios que sustentan el Ejecutivo autonómico, que por el momento trabaja en definir su contenido, sin un calendario fijado, pero quieren lograr el "máximo nivel de consenso".

Al respecto, Fernández Carriedo señaló que PP y Vox quieren "profundizar" en la visión de la historia como elemento de unión y que no buscan "poner en entredicho" el "lado humano" referido a la identificación de restos de antepasados asesinados o el apoyo a las personas que deseen buscar a sus familiares.

En ese sentido, el portavoz indicó que el trámite inicial, que comunicó este miércoles la Junta, corresponde con la definición de los contenidos de la normativa, materia en la que precisó trabajan los servicios técnicos de la Administración autonómica, así como los jurídicos para validar la compatibilidad de este texto con la ley nacional en vigor en materia de memoria histórica, así como con la que se tramita en el Congreso de los Diputados y que cuestionó por ser respaldada por Bildu y contener un relato "ofensivo".

El siguiente paso, para el que no hay plazo, según Fernández Carriedo, será la elaboración del borrador que se publicará en el portal web del Gobierno Abierto para que se pueda formular alegaciones y recoger las sugerencias y opiniones del conjunto de las consejerías, así como de otras administraciones, antes de contar con un documento final que "pueda ser aprobado". Así, destacó que se buscará el "máximo nivel de consenso y acuerdo" porque remarcó que la norma pretende "unir" y "nunca desunir" a los ciudadanos.

En función del contenido que tenga esa normativa, "técnicamente" se señalará cuál es el "mejor cauce" para su aprobación, es decir, a través de una ley o un decreto. En su momento, indicó se determinará si este texto supera al decreto de memoria histórica vigente y, por lo tanto, tiene que dejar de estar vigente "en su integridad" o "parcialmente".

El portavoz sostuvo que la Junta cumplirá la legislación básica en materia de memoria histórica que salga de las Cortes Generales, "les guste o no". No obstante, señaló que desconocen el "detalle", por lo que no pueden determinar si tendrá colisión con la normativa de Castilla y León.

Relato

El portavoz se empleó a fondo para marcar diferencias entre la propuesta legislativa de la Junta, que surge del acuerdo de gobierno de PP y Vox, y con la normativa nacional, que a su juicio se plantea como un elemento para "dar satisfacción" a Bildu y construir una historia común al servicio de un relato que subrayó le interesa a esta formación, puesto que señaló se plantea que la dictadura llegó hasta la época del expresidente socialista Felipe González.

Por el contrario, Fernández Carriedo indicó que la Junta buscará que la historia sea un elemento de "unión" e "integración", con la perspectiva de facilitar la "reconciliación" entre "todos", y "nunca" de "división" de los españoles, al servicio, además, del relato de Bildu. "Lo que nos debe unir es nuestra historia común", sentenció el consejero portavoz.

Aplicación del decreto

El consejero portavoz defendió como un aspecto "muy positivo" desde el punto de vista "humano" del actual decreto de memoria histórica, aprobado en abril de 2018, que haya dado la posibilidad de identificar a los antepasados enterrados en fosas o lugares desconocidos. Así, defendió que se haya apoyado a las familias en la tarea de recuperar los restos de sus antepasados.

Además, Fernández Carriedo indicó que el decreto seguirá "insistiendo" en garantizar el derecho de cualquiera a saber donde están enterrados los restos de familiares asesinados en esos periodos.

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