El conflicto con la venta de las viejas puertas de la iglesia de Ventosa de la Cuesta, en Valladolid, para financiar un nuevo acceso al templo, pone una vez más el foco en la compleja gestión del patrimonio. Comunidades como Castilla y León cuentan con un número ingente de bienes, muchos en manos privadas. No siempre es fácil para la administración actuar, aunque cada vez existe un mayor control.

El patrimonio es una bendición, pero también un quebradero de cabeza para sus responsables. Mantener estos tesoros es una exigencia legal para sus propietarios, que a veces se confiesan impotentes. "No tenemos recursos económicos para mantenerlo, pero también patrimonio artístico. Aunque sea la diócesis la propietaria, es un bien que tiene que ser compartido con la sociedad", explica Tomás Gil, delegado de Patrimonio de la Diócesis de Salamanca.

Por eso existen líneas de ayuda públicas. "No es responsabilidad solo de la Junta, de los ayuntamientos, o no. Los responsables somos todos; el primero, el propietario", señala Juan Carlos Prieto, director general de Patrimonio Cultural. Además, hay que recordar que el patrimonio no paga IBI. "Gozan de suficientes ayudas, como por ejemplo la exención del IBI, para poder conservar el patrimonio", apunta Jesús Delgado, secretario de Ciudadanos en Defensa del Patrimonio de Salamanca.

Sin embargo, las necesidades son muchas. Si hablamos de edificios, hay un convenio anual que actúa en los casos más urgentes. Este año, cada diócesis tiene una aportación que supera los 300.000 euros, destinada al menos a garantizar que los tejados de las iglesias estén en perfecto estado. Aun así, cada cierto tiempo surgen noticias de problemas. "Eso demuestra que las autoridades no están cumpliendo con su deber", afirman algunas voces críticas.

Y luego está lo que contienen los edificios: un laberinto de propiedades que se intenta controlar al máximo. "No podemos saber qué hay que conservar y qué no si no sabemos qué es lo que tenemos. Contamos siempre con la complicidad de la propia diócesis, que nos pone al corriente", explican desde la administración.

En Castilla y León hay más de 2.500 monumentos declarados Bien de Interés Cultural (BIC), sobre los que hay un control más exhaustivo. Lo complicado son los otros miles y miles de elementos patrimoniales sin esa protección, que son una oportunidad, pero también un problema.