Por primera vez, la Audiencia de Valladolid va a investigar a una empresa de desocupación por posible mala praxis en un desalojo injustificado producido el pasado año en Valladolid capital. Tanto la empresa como la propietaria del inmueble podrían enfrentarse a delitos graves de amenazas y coacciones. Un hecho que abre la puerta a un mayor control judicial sobre estas empresas.