23 personas se sientan en el banquillo de los acusados dentro de la Operación Ignis. Se desarrolló en 2019 en las instalaciones del grupo El Salvador. La fiscalía solicita para ellos penas que, en conjunto, superan los 200 años por delitos como estafa, organización criminal, blanqueo de capitales o contra el respeto a los difuntos. Se prolongará hasta junio y en mayo está previsto que declaren los acusados.