La Junta de Castilla y León cambia el funcionamiento de la sanidad animal, liberalizando la mayor parte de las actuaciones. Pruebas diagnósticas, seguimiento sanitario, investigaciones o vigilancia y control podrán ser realizadas por cualquier veterinario que esté habilitado en un registro creado por la Junta de Castilla y León, que mantiene las labores de dirección y control sanitaria.