Los establecimientos hoteleros, las agencias de viajes y las de alquiler de vehículos respiran aliviadas después de que el Ministerio de Interior haya decidido aplazar la puesta en marcha al completo de la nueva normativa de registro de viajeros. Lleva en el aire desde 2021. El sector hotelero está en contra porque supondría un importante coste económico y, aseguran, va en contra de la ley de protección de datos y la normativa europea.