Amaya y Rafa son dos vallisoletanos afectados por el fármaco Ala Octa. Perdieron la visión en una operación de retina al aplicarles ese producto tóxico. Llevan 10 años ciegos y todavía no han percibido ninguna indemnización, a pesar de ganar el juicio en 2019. Ahora la Audiencia Nacional ha reabierto la causa.