La batalla jurídica que planteó la Junta contra el decreto ley del Gobierno que prohíbe la caza del lobo en todo el territorio nacional sigue su camino. La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso planteado por la administración autonómica. El vicepresidente y portavoz Junta de Castilla y León, Francisco Igea afirma que aunque lo que decida la Justicia bien estará "al menos había un motivo sensato y razonable para presentar nuestra solicitud".

De momento no se toman medidas cautelares, por lo que la caza del lobo al norte del Duero seguirá prohibida. El presidente de Lobo Marley, Luis Miguel Domínguez, asegura que si el Gobierno de España no protegiera al lobo "se vería avisado de forma seria por la Unión Europea".

Sin embargo la Junta, que plantea otra forma de gestionar al lobo, aplaude la decisión de la Audiencia Nacional. Así el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, se muestra satisfecho de que el recurso se haya admitido a trámite. 

Por otro lado, las asociaciones en defensa del lobo consideran que es un trámite administrativo y afirman que la población sigue mermada. El presidente de la Asociación para la conservación y estudio del Lobo Ibérico(Ascel), Ignacio Martínez, afirma que "solo hay dos census en España que merezcan esa consideración con todos sus problemas, que revelan que en 26 años la población no mejoró".

Las asociaciones apuntan incluso que tienen planteado otro contencioso para incluir al lobo en el catálogo de especies amenazadas, lo que supondría la obligación de establecer un plan nacional de recuperación de la especie.