Ante el incremento de infecciones respiratorias que han llegado a duplicar las cifras registradas durante el mismo periodo del año anterior, la Consejería de Sanidad de Castilla y León ha diseñado una nueva estrategia de inmunización. Para respaldar este despliegue preventivo en toda la red de atención primaria, el Gobierno regional destinará una inversión económica cercana a los 15 millones de euros.

Ampliación de los grupos de población

La principal novedad del protocolo sanitario radica en la extensión de la población diana para incrementar el nivel de protección de la ciudadanía. En la franja infantil, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha explicado que el rango de edad para la inmunización contra la gripe se eleva hasta los 11 años. Paralelamente, la directora general de Salud Pública, Cristina Granda, ha precisado que la cobertura frente al virus respiratorio sincitial en adultos se comenzará a administrar desde los 18 años. En lo que respecta a la pauta contra el COVID-19, las autoridades mantienen los criterios fijados en la temporada anterior, concentrando el foco en las personas mayores de 70 años.

Calendario por fases y solicitud de cita

El cronograma diseñado por la administración autonómica prevé un arranque escalonado de las administraciones. La campaña comenzará el próximo 1 de octubre para los colectivos institucionalizados, residentes en centros de atención a la discapacidad y población infantil. Dos semanas más tarde, el 13 de octubre, se abrirá el turno para el resto de los grupos recomendados, entre los que figuran las personas mayores de 60 años, los pacientes con comorbilidades o patologías crónicas, el personal sanitario y sociosanitario, los trabajadores de servicios esenciales y las mujeres embarazadas. Las solicitudes de cita previa podrán tramitarse en los centros de salud a partir del 9 de octubre.

Concienciación y valor comunitario

Desde la Consejería de Sanidad se ha insistido en la conveniencia de acudir a la citación para proteger la salud colectiva. Los responsables autonómicos sostienen que la inmunización persigue un doble propósito: por un lado, reducir los índices de mortalidad asociados a las complicaciones de la gripe en colectivos vulnerables y, por otro, ejercer un acto de solidaridad social que limite la circulación comunitaria de los virus durante los meses de mayor incidencia invernal.