El tejido empresarial de Castilla y León, compuesto en más de un 99% por pequeñas y medianas empresas, se enfrenta a un escenario de volatilidad marcado por la geopolítica y el encarecimiento energético. Así lo ha advertido la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, durante un coloquio de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Ante crisis como la guerra en Ucrania o el cierre del estrecho de Ormuz. De Miguel ha señalado que los planes estratégicos a largo plazo han perdido vigencia, obligando a las organizaciones a exprimir su capacidad de adaptación.

A pesar de la flexibilidad intrínseca de la pyme frente a la gran corporación, la competitividad de las empresas españolas se sitúa en un 20%, diez puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Entre los principales frenos que provocan esta situación, la patronal destaca la asfixia burocrática que sufren los negocios locales. Como reflejo de esta saturación, se calcula que cualquier pequeño comercio del medio rural se ve obligado a lidiar con unas 3.000 normas reguladoras que afectan directamente a su actividad diaria, dificultando su supervivencia en un entorno de alta incertidumbre.

A esta excesiva regulación se suman el incremento de los costes laborales, el absentismo y una presión fiscal que llega a duplicar la de países competidores directos como Suecia. Asimismo, la captación de mano de obra y la retención del talento centran las preocupaciones del sector, ya que la falta de proyección exterior del tejido productivo local está provocando una fuga de profesionales que compromete el relevo generacional y la sostenibilidad económica de la comunidad.