El Ingreso Mínimo Vital cumple seis años desde su puesta en marcha para proteger a los hogares más vulnerables. En Castilla y León beneficia a unas 120.000 personas y, en el conjunto de España, a más de dos millones y medio. Durante este periodo, el gasto ha superado los 22.000 millones de euros. Sin embargo, un informe de la Fundación Civismo cuestiona la eficacia de esta prestación para facilitar la incorporación al mercado laboral.
Según la entidad, el Ingreso Mínimo Vital debería funcionar como una ayuda temporal que permita superar situaciones de vulnerabilidad. “Debía ser una ayuda de transición entre esa vulnerabilidad y acceder al mercado laboral”, explica Albert Guivernau, director de la Fundación Civismo. No obstante, el informe señala que seis de cada diez hogares llevan más de tres años recibiendo la prestación.
Uno de los principales problemas que identifica la Fundación es la escasa diferencia que puede existir entre determinadas remuneraciones laborales y las cantidades percibidas a través de la ayuda. “El nivel salarial al que va a entrar alguien al mercado laboral y el dinero que recibe conforme al Ingreso Mínimo Vital es muy parecido”, sostiene Guivernau. Como ejemplo, el informe señala que una pareja con dos hijos puede recibir alrededor de 1.400 euros mensuales.
A esta situación se suman otros factores, como el acceso a la vivienda social. Según Guivernau, algunos beneficiarios temen que incorporarse al mercado laboral perjudique sus posibilidades de conseguir una vivienda protegida. “Hay personas que te dicen: es que si empiezo a trabajar pierdo números a la hora de poder acceder a este tipo de viviendas”, explica. La Fundación advierte de que estas circunstancias pueden desincentivar la búsqueda de empleo e incluso hacer “mucho más atractiva la economía informal”.
El informe también pone el foco en el coste de la prestación y sus posibles consecuencias para las cuentas públicas. Guivernau advierte de que un aumento sostenido del gasto podría traducirse en una mayor presión fiscal o en ajustes de los servicios públicos. “Eso, al final, acaba trayendo, para los jóvenes, o una subida de impuestos a futuro para pagar eso, o una reducción de los servicios ofrecidos”, afirma.
Ante este escenario, la Fundación Civismo propone revisar el funcionamiento del sistema y señala experiencias de otros países, como Italia, donde se han eliminado determinadas ayudas. “En algunos países es una ayuda que se ha eliminado y al final ha habido un repunte del empleo”, asegura su director.
La entidad defiende mantener la protección económica para las personas que realmente la necesitan, pero considera necesario introducir cambios para que la incorporación al mercado laboral resulte siempre más ventajosa que permanecer cobrando la prestación.