El sistema de servicios sociales de la Junta de Castilla y León protegió a 7.229 menores de la Comunidad durante 2013, aunque la mayor parte (el 74 por ciento) pudo permanecer en el seno de su familia. Mientras, hubo otros 1.381 casos de desprotección más severos que obligaron a la tutela por parte de la Administración regional, lo que supone un incremento del 5 por ciento con respecto al año anterior.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, afirmó este jueves en Valladolid durante la presentación del balance de actuaciones en materia de infancia durante 2013 que la intervención llevada a cabo con niños y familias ha evitado el incremento de menores que requieren de protección por parte de la Junta y, por tanto, separados de sus padres. Declaró que los casos más leves se asumen desde la red de recursos de prevención, pero sin necesidad de abandonar el hogar.
Marcos destacó que la prevención es clave para evitar el agravamiento de las situaciones de desprotección de los menores. A 31 de diciembre pasado, había 1.868 separados de sus familias, un número que ha bajado gracias a los programas de intervención.
Citó, por ejemplo, la Red de Protección a las familias y la labor de los 51 equipos especializados de Intervención Familiar, que a lo largo de 2013 trabajaron con 5.361 niños para que no tuvieran que abandonar sus hogares. Una labor que es importante para “contener” que las situaciones de riesgo de las familias desfavorecidas con hijos se tornen más graves.
Atención integral a las familias
La consejera enmarcó todas las actuaciones en una red de atención integral que permiten ayudar a las familias con el servicio de desahucio, la concesión de la Renta Garantizada o las ayudas de emergencia. Todo ello alivia la situación por la que atraviesan las unidades familiares y, por tanto, también a sus hijos.
La Junta prestó, a lo largo de 2013, atención a 12.000 familias y 19.000 menores (5 por ciento de la población por debajo de los 18 años). Además, otros 22.000 participaron en programas de difusión y promoción de los derechos de los niños.
Los menores obligados a separarse de sus padres pueden ir a un acogimiento familiar o bien residencial. Milagros Marcos remarcó los esfuerzos de la Consejería para apostar por el acogimiento familiar porque es el “mejor ambiente” para el desarrollo de un menor. Es un sistema que no ha parado de crecer desde 2007, con un aumento del 14 por ciento.
En 2013, un total de 898 menores vivieron acogidos en familia. Y, a 31 de diciembre, solo el 36 por ciento (frente al 50 por ciento de seis años antes) estaba en un centro residencial. Pese a ese porcentaje, la consejera animó a las familias a acoger a niños y jóvenes en sus domicilios.
La responsable de Familia manifestó que la puesta en valor de las actuaciones de la Junta ha influido en que las medidas de socialización primen sobre las de internamiento de menores. Los juzgados de la Comunidad adoptaron a lo largo del año pasado 2.222 medidas judiciales por la infracción de menores de edad.
Es una rebaja del 19 por ciento desde 2010 pero lo más importante es que la privación de libertad sólo afectó a 199 casos (el 9 por ciento del total) . El resto disfruta de una atención en régimen de semilibertad, con vigilancia y protección, y con prestaciones a la comunidad. En cuanto a las infracciones, destacan las faltas contra el patrimonio y contra las personas.
Reducción de adopciones
Uno de los datos más significativos que la consejera dio a conocer el pasado lunes a los miembros del Consejo regional de Atención y Protección a la Infancia fue la drástica reducción de la demanda de adopción internacional. Frente a las 145 solicitudes que hubo en 2011 o las 73 de 2012 se pasó a las 49 del año pasado.
Marcos explicó que esta bajada está relacionada con las limitaciones que imponen algunos países. La demanda de adopciones nacionales también cayó un 9 por ciento, al pasar de 230 a 215 solicitudes.