La Alianza UPA-COAG advirtió que Castilla y León ha sido la única comunidad autónoma que en los últimos seis años ha visto reducido el número de afiliados al sector agrario, ya que desde el año 2013 ha perdido un total de 2.512 activos, el 6 por ciento, mientras que en el conjunto nacional sólo se perdieron 226 cotizantes en este periodo.
Para el secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio González, detrás de esta "preocupante" caída de activos se encuentra la falta de políticas de la Junta de Castilla y León que incentiven la actividad y, en especial, una "apuesta clara" por el regadío, así como unos precios justos que garanticen la viabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones.
En este sentido, González adelantó que la regulación de la cadena alimentaria, "problema que no debe quedar al margen de la nueva PAC", volverá a ser uno de los caballos de batalla de la organización para 2020. Además, el secretario de UPA también recordó que 2019, según los datos publicados por Eurostat, la renta agraria se ha desplomado un 8,6 por ciento en España por la caída de valor de la producción (- 3 por ciento) y el aumento de los costes de producción (+ 3,6 por ciento).
Otra de las reivindicaciones de La Alianza para 2020 será la exigencia a la Junta para que se haga cargo de los cuantiosos daños que está provocando la "proliferación descontrolada de la fauna" en la Comunidad y que esté año, según la Junta, ha provocado pérdidas por valor de más de 12 millones de euros. Además, el secretario de UPA reclamó un control de la fauna por una cuestión de seguridad vial, dado que al día los animales salvajes provocan una media de 26 accidentes de tráfico, la mayoría en carreteras comarcales y provinciales.
González argumentó que La Alianza ya presentado alegaciones a la nueva Ley de Caza "en su intento de exonerar a los cotos y a la Junta de la responsabilidad por los daños que causa la fauna en los campos de cultivo. Los daños deben ser asumidos por la Junta, que es quien regula las poblaciones y quien dice cómo, cuándo y dónde se puede cazar", sentenció.
Además, también se refirió a la plaga de topillos y pidió a la Junta una actuación más contundente ante un problema endémico y que puede acabar convirtiéndose en un problema de salud debido a la tularemia.
Imagen
Otro de los objetivos de La Alianza para 2020 es neutralizar los efectos de la campaña de descrédito y de "criminalización" que ha sufrido el sector al situarle por muchos colectivos en el principal responsable de la emisiones de efecto invernadero. En este sentido, González apuntó que la agricultura y la ganadería sólo son responsables del 12 por ciento de las emisiones de efecto invernadero, a la vez que apuntó a que si se cuantificara la cantidad de CO2 que absorben los cultivos agrarios y la prevención de incendios forestales que se logra con la ganadería extensiva, "veríamos que el sector agrario es uno de los que menos contribuye al calentamiento global".
Por otro lado, UPA-COAG centrarán sus esfuerzos en volver a lograr que Azucarera se siente a negociar un Acuerdo Marco Interprofesional que garantice la viabilidad de la remolacha, "ya que siempre hemos considerado que este tipo de acuerdos son sagrados e ideal para garantizar la estabilidad en todos los sectores.
González explicó que la bajada de aproximadamente 6,5 euros por tonelada en el precio de la remolacha ha supuesto que Azucarera haya visto mermadas sus siembras en 6.700 hectáreas en Castilla y León en 2019 (un 48 por ciento menos), mientras que ACOR, que mantiene su compromiso de pagar 42 euros, ha aumentado en más de 3.700 hectáreas su siembra (un 36 por ciento).
Daños
Por último, Aurelio González se refirió a los daños causados por el paso del temporal Elsa en la Comunidad y apuntó que León ha sido la provincia más afectada con cuantiosos daños en el maíz y la remolacha, mientras que Burgos, Palencia, Zamora y Valladolid las inundaciones afectan al cereal. De todas formas, apuntó que la valoración de daños es compleja y no se podrá hacer con exactitud hasta dentro de unos semanas.