En Burgos, un centenar de vecinos se enfrenta a la posibilidad de tener que abandonar sus viviendas. Los bloques en los que residen cambiaron de propietario en junio y el nuevo dueño les ha comunicado que deberán marcharse cuando finalicen sus contratos. Los inquilinos se han unido para intentar frenar los desalojos.

A Casilda, como a otros tres vecinos de estos bloques, la notificación le llegó en mayo. “Me dicen que si no compro me echan el día 22 de noviembre”, explica Casilda Sáez. Una situación que puede extenderse a otro centenar de vecinos cuyos contratos vencen durante los próximos tres años. “No me dan otra explicación de ninguna clase, simplemente que el 23 cumplo y que me tengo que marchar y ya está”, señala Antonio Bañuelos.

Muchos son hijos de los primeros propietarios y llevan prácticamente toda su vida en estas casas. “Yo he nacido aquí, en esta casa”, cuenta Natividad del Río. Casilda llegó siendo una niña: “Vine con 12 años”.

Tras el cambio de propietario de los inmuebles, el nuevo fondo de inversión les comunicó antes del verano que debían desocupar sus viviendas. La alternativa que les plantean es comprarlas por más de 200.000 euros. Una cantidad difícil de asumir para estos inquilinos. “¿Cómo pago yo todo ese dinero?”, se pregunta Casilda. “Te ves con una edad que ningún banco te da un préstamo”, añade Natividad. Antonio recuerda además la inversión realizada durante todos estos años: “Hemos hecho reformas, cambiado cocina, baños... La casa la he pagado cuatro veces”.

No es la primera vez que reciben una notificación de este tipo. Hace diez años ya vivieron una situación similar, aunque entonces se justificó como un error. Ahora, con los pisos anunciados en portales inmobiliarios, temen que esta vez tengan que marcharse. “A ver dónde vamos”, lamenta Antonio. “Me veo en una situación grave, grave”, asegura Casilda. Una preocupación que Natividad reconoce tener “todo el día en la cabeza”.

Los vecinos confiaban en la aprobación de uno de los decretos de vivienda. “Sabíamos que no era suficiente, pero para estos vecinos era, claramente, un balón de oxígeno”, explica Adrián, miembro del Sindicato de Vivienda de Burgos. Para Antonio suponía “una pequeñita esperanza de que tienes una prórroga de un par de años”.

Ahora buscan representación legal y aseguran que agotarán todas las vías para intentar permanecer en las que han sido sus casas durante décadas.