El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dejado sin efecto el decreto 2/2020, de 12 de noviembre, sobre las prestaciones personales obligatorias del personas sanitario de la Comunidad, que los sindicatos calificaron de "decretazo" por considerar que suprimía derechos y provocó críticas, protestas y el recurso de alguno de ellos ante los tribunales.

El anuncio de la decisión de Fernández Mañueco de dejar sin efecto el decreto lo ha hecho el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno y ha justificado la decisión que actualmente no es necesaria su aplicación tras evaluarse la situación actual en la Comunidad.

El decreto, firmado por el presidente de la Junta como autoridad competente delegada al amparo de la declaración del estado de alarma, establecía la posibilidad de que se tomaran decisiones sobre las prestaciones obligatorias que podían imponerse para garantizar la atención sanitaria la modificación de destinos, descansos, vacaciones o turnos, entre otras cuestiones.

Tras la publicación del decreto, el sábado 14 de noviembre de 2020, los sindicatos convocaron movilizaciones ante lo que consideraban una pérdida de derechos, dado que se permitía a las diferentes gerencias disponer los días libres o descansos en función de las necesidades ante la situación de la pandemia.

Protestas

Así, miles de profesionales acudieron a diferentes concentraciones que se sucedieron en toda la Comunidad en las que se pidió la dimisión del presidente de la Junta por haber firmado un decreto que consideraban que les imponía "una pérdida de derechos abusiva y total nunca antes vista" en condiciones de trabajo y personal.

Aunque la Junta de Castilla y León aseguró que no pretendía aplicarlo y abogó por la negociación, los sindicatos rechazaron sentarse a hacerlo sin su retirada y mantuvieron sus protestas e incluso un sindicato como CSIF recurrió ante el Tribunal Supremo, que lo admitió a trámite.

El sindicato, en línea con lo que se manifestó en las diferentes protestas, consideraba "un abuso, una imposición y una vulneración escandalosa" de los derechos de los profesionales sanitarios.