La Fiscalía Provincial de León ha pedido que se investigue a los miembros del Consejo de Administración de Caja España y la Comisión Ejecutiva de Caja Duero hasta su fusión y a los directivos de Banco Ceiss a partir de su unión por entender que hay hechos que podrían ser constitutivos de un delito de administración desleal.

Según explicó este jueves el coordinador autonómico de IU, José María González, que formuló la denunica en noviembre de 2011, las personas investigadas aprobaron operaciones de créditos, previsiblemente, a integrantes de estos consejos, "que eran de escasa solvencia o en condiciones mucho más ventajosas que otros ciudadanos".

Esta notificación abre un nuevo proceso por el que la Fiscalía solicita al juez decano de León a nombrar a un juez instructor que incoe diligencias previas y "practique las pertinentes para el esclarecimiento de los hechos denunciados". En todo caso, únicamente se refiere a los directivos de Caja España-Duero y deja fuera, de momento, los hechos vinculados a los componentes del Consejo de Administración de Caja Segovia, también citados en la denuncia y sobre los que la Fiscalía de esta provincia aún no se ha pronunciado.

A juicio de González, este hecho no significa que "no se esté investigando, ya que tampoco se ha informado sobre su archivo". "Esperamos que este sea el primer paso y que otras fiscalías provinciales sigan investigando. De momento, entendemos que en Segovia no está cerrado porque no nos han notificado su archivo", reiteró a preguntas de los periodistas. IU había denunciado, en este caso concreto, las jubilaciones y prejubilaciones principalmente concedidas al ex director general de la entidad Manuel Escribano, que en aquel momento percibió seis millones de euros.

El coordinador regional de IU agradeció el trabajo del Fiscal Superior de Justicia del TSJ de Castilla y León, que se dirigió "rápidamente" a la Fiscalía General del Estado para conocer si se nombraba un fiscal en cada provincia, al ser una denuncia vinculada a varias de ellas en la Comunidad, o se trasladaba a Anticorrupción. Desde Madrid optaron por la primera.

Sin embargo, hace un año IU recibió una notificación por el que el nuevo Fiscal General del Estado decidía estudiarlo también de forma conjunta, sin que ello anulara la investigación en cada provincia, si bien "no ha vuelto a recibir información al respecto". Igualmente y como en el caso de Caja Segovia, ello "no significa que se haya archivado el caso".

Elementos de denuncia

González precisó que la denuncia planteaba a la Fiscalía abrir una investigación sobre cómo los diferentes órganos de dirección de "las extintas cajas de ahorro de Castilla y León han cumplido con su papel y cómo han cumplido dentro de la legalidad teniendo en cuenta". "Hay diferentes consejeros que han recibido importantes préstamos en un momento de crisis económica en que muchos pequeños y medianos empresarios han visto que se les cerraba el grifo de crédito", rezaba el documento de los servicios jurídicos de IU.

En este sentido, argumentó que se concedieron créditos a componentes de consejos "que eran de escasa solvencia o en condiciones mucho más ventajosas que otros ciudadanos". Así, aportó el nombre, entre otros, del consejero Francisco Rubio en Caja Duero, en base a los diferentes préstamos que había recibido, con varios créditos personales, uno de ellos de más de 13 millones de euros. También a empresas vinculadas. Según González, en total acumulaba unos 100 millones en préstamos a partir de 2006.

En la demanda también se habla de cómo se había reducido el número de préstamos hipotecarios a familias para la compra de vivienda en Castilla y León en más de un 15 por ciento, así como los créditos a pymes un 13 por ciento, o a las grandes sociedades que necesitaban financiación para mantener su actividad industrial y empleo en más de un 39 por ciento. Mientras, se incrementaban un 44 por ciento los préstamos "a empresas y personas vinculadas a los consejos de administración de las diferentes cajas".

Otro de los nombres que IU citó en la denuncia es el del expresidente de Caja España Santos Llamas, muy criticado ya en su elección por esta formación, dado que a su juicio PP y PSOE "proponía como presidente a la zorra que iba a cuidar a las gallinas". "Al final cuidaba a sus gallinas, gallineros y granjas equinas, pero se despreocupaba del interés de pymes, familias y ciudadanos que trabajaban con Caja España. Incluso, muchos sufridores fueron esquilmados con las preferentes vendidas con engaño y alevosía", sostuvo González, quien estimó que Llamas "se autoconcedió alrededor de 100 millones".

Por último, abordó el caso del ex director general de Caja España-Duero, José Ignacio Lagartos, "también con la cartera abultada".

Administración desleal

González recordó que el delito que se podría imputar es la administración desleal de los directivos de las cajas y, de haberlo, la condena podría suponer, según el artículo 295 del Código Penal, a entre seis meses y cuatro años de prisión o multa de tanto al triplo del beneficio obtenido.

El líder regional de IU aseguró sentirse "orgulloso por cumplir con su deber", pero no escondió su "preocupación por que dirigentes nombrados por el poder político se vean involucrados en esta situación", aunque se mostró "defensor" de la legalidad. "Si vemos un hecho es delictivo, iremos al fiscal. Esto no es una denuncia personal y ni una persecución, sino que el fiscal cumple su obligación de investigar", afirmó.

El máximo responsable de IU en la Comunidad recordó que hace año y medio invitó al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en el transcurso de un Pleno de las Cortes, a acudir juntos a presentar la denuncia y el jefe del Ejecutivo lo rechazó a pesar de haberse comprometido en sesión plenaria durante una pregunta dirigida al propio Herrera, a quien le exigió "responsabilidades civiles y penales contra la consejos de administración de las cajas de la Comunidad" por estos hechos. "Entendíamos que quien tenía la responsabilidad política y legal era la Junta porque en aquel momento la mayoría de los directivos conservaba sus puestos", comentó González.

Por último, confió en que IU "sea la segunda formación que se persone en la causa cuando el juzgado tome una decisión", ya que consideró que la Junta y Juan Vicente Herrera "deben ser los primeros tras el compromiso adquirido en las Cortes". "Nos gustaría que fuera él, porque ha sido elegido para defender a los ciudadanos y los derechos, pero si no lo hace, IU será la primera", finalizó.