En tres días se cumplen tres años desde que públicamente el Gobierno Regional espoleara una reestructuración del sistema financiero regional. Lo hacía con esta comparecencia en las Cortes el 10 de septiembre de 2007. Era asunto prioritario del programa económico de una legislatura ahora en su recta final en la que ha tenido que dar más de un golpe sobre la mesa.
El último, la reforma de la ley de cajas que aprobaba el jueves en consejo de Gobierno. 26 páginas, 6 disposiciones transitorias y un texto detallado al milímetro para no dejar ningún resquicio a la interpretación. El Gobierno Regional tenía de plazo 6 meses para adaptarse a la ley nacional que el ejecutivo de Zapatero aprobaba el 9 de julio, pero ni siquiera agotaba un tercio de ese tiempo. Al igual que Cataluña, Castilla y León se adelanta para garantizar que los procesos abiertos culminan adecuados ya a la nueva forma de ver las cajas.
Más profesionales, menos políticos, mejor gestión. Revolución en las entidades financieras, el decreto les afecta a todas desde el pasado viernes aunque haya quien se resista todavía.
Su primera aplicación será en las asambleas que Caja Ávila y Caja Segovia celebrarán en una semana. El texto refuerza la mayoría necesaria para aprobar una fusión o una integración en un SIP. Se exige ahora que 4 de cada 5 miembros la apoyen, eso es 96 de los 120 totales. Con 25 en contra no saldría adelante así que en el aire está esa aprobación en el seno de la caja abulense, ya que el PSOE, IU y CCOO que suman 24 miembros abandonaban el pasado 25 de junio la asamblea por discrepancias con el sistema de votación.
Entre las novedades se encuentra el 'leimotiv' de la norma. Despolitizar las cajas y hacerlo en un muy corto plazo. En seis meses, las cajas de ahorro tienen que adaptarse a una norma que dice que es incompatible ser cargo electo o alto cargo y sentarse en sus órganos de gobierno.
Caja de Burgos, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Círculo tienen hasta el próximo 3 de marzo para recomponer sus estructuras. En sus consejos de administración, por ejemplo, eso supondrá que 38 miembros se quedarían pero 30 tendrían que abandonar su sillón. Otros tantos lo harán de las asambleas y otros órganos de gobierno.
Sobre el gráfico en Caja Ávila, casi el 60% de su consejo tendrá que sustituirse. Diez nombres, entre ellos los del alcalde de Ávila Miguel Ángel García Nieto o el presidente de la Diputación y presidente de la Caja Agustín González.
En Caja Segovia, 9 podrían continuar pero 8 tendrían que abandonar la entidad, entre ellos también el alcalde de la ciudad Pedro Arahuetes y dos concejales, además del procurador Juan José Sanz Vitorio.
Caja Círculo, la menos afectada
Caja Círculo es la caja de la Comunidad a la que menos le afectaría. Sólo 5 de sus 17 miembros del consejo de administración se cambiarían.
En Caja de Burgos se renovaría un 40% del consejo, ya que 10 miembros se quedarían pero 7 se irían fuera, entre ellos el presidente de Caja de Burgos, José María Arribas, en su caso no por ser cargo electo sino por tener una deuda con la entidad de más de 8 millones de euros. Esta es otra de las incompatibilidades de la ley. No podrá estar al frente de la caja ni en su consejo ni en la comisión de control quien tenga créditos avales o garantías para el ejercicio de sus actividades profesionales.
Eso le afecta de lleno al presidente de Caja España, Santos Llamas, con una deuda de 80 millones de euros con lo que se cae de la terna para presidir la nueva Caja España-Caja Duero como también otro de los nombres que se barajaron Javier García Prieto, en su caso por ser procurador.
No podrán presidirla pero sí quedarse en sus consejos dos años más. El decreto les autoriza ese período transitorio pactado para llevar a cabo la fusión.
Si se cumple en su totalidad, los consejos de España y Duero serían los últimos de la Comunidad en relevar a los cargos políticos. En Caja España, un total de 8 entre ellos el alcalde de León, Francisco Fernández, o la presidenta de la diputación, Isabel Carrasco.
En Caja Duero, sólo 6 de sus miembros son políticos, entre ellos el alcalde de Soria.
Se busca una mayor profesionalización y se reduce además la presencia de las corporaciones municipales en beneficio de los impositores y las entidades de interés general entre las que se da entrada al consejo del diálogo social.
Quien se siente en las cajas, además tendrá que acreditar al menos cinco años de funciones de alta administración, dirección, control o asesoramiento de entidades financieras. Requisito que deberán cumplir el 50% de los miembros de los consejos, el 100% de los propuestos por las cortes.