La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha detallado las líneas maestras de la nueva Ley de Infancia de la Unión Europea. La normativa establecerá la prohibición total de acceso a las redes sociales a los menores de 13 años. Asimismo, entre los 13 y los 15 años únicamente se permitirá la gestión de perfiles restringidos que hayan sido creados expresamente por los progenitores, manteniendo salvaguardas hasta la mayoría de edad para garantizar diseños seguros libres de algoritmos adictivos.
Riesgos en el desarrollo y la salud emocional
La medida responde a la creciente preocupación por la exposición temprana a los dispositivos digitales. Desde la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, la especialista Cristina García ha advertido sobre la presencia de niños de corta edad consumiendo contenidos audiovisuales sin filtro de manera continuada, así como sobre el incremento de menores de 9 años con teléfono inteligente propio. Según la experta, este patrón de consumo prematuro está generando retrasos en el desarrollo del lenguaje y diversos problemas madurativos en la primera infancia.
Impacto en el rendimiento escolar y la autoestima
Los efectos de la hiperconexión se extienden de igual modo a la etapa adolescente. El presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, David Cortejoso, ha alertado sobre la falta de descanso nocturno motivada por los teléfonos móviles y su posterior impacto en el rendimiento académico. Asimismo, el especialista ha vinculado la comparación constante con perfiles idealizados en internet con un deterioro generalizado de la autoestima, la aparición de cuadros emocionales complejos y desórdenes en la conducta.
Obstáculos legales para la verificación de edad
Pese al consenso sobre la necesidad de proteger a los menores, la aplicación técnica de la norma afronta importantes discrepancias jurídicas. El experto en Derecho Digital y Protección de Datos, Borja Adsuara, ha argumentado que cualquier limitación a un derecho fundamental exige garantías reforzadas para evitar la vulneración de la libertad de expresión e información. Experiencias previas en Europa, como el rechazo del Consejo Constitucional francés a prohibiciones similares por considerarlas desproporcionadas para el resto de la ciudadanía, evidencian la complejidad de implementar sistemas de verificación de edad efectivos.