El número de personas de Castilla y León inscritas en el registro de titularidad compartida en las explotaciones agrarias asciende sólo a 80, desde que la normativa sobre esta figura vio la luz en 2012 con el reto de reconocer plenamente el trabajo y la responsabilidad de las mujeres junto a sus cónyuges en esta actividad.
No obstante, Castilla y León acumula el 42,7 por ciento de los 187 inscritos en este instrumento, lo que la convierte en la autonomías con mayor número de personas acogidas, seguida de lejos por Castilla-La Mancha, con 53; Extremadura , con 14; y La Rioja, con 13. Asimismo, los datos que maneja el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, reflejan que en el registro hay inscritos siete catalanes; seis andaluces; cuatro asturianos; tres cántabros, navarros y valencianos, en todos los casos; y un murciano.
La titularidad compartida supone la administración, representación y responsabilidad sobre la explotación compartida entre los dos miembros; el reparto de rendimientos al 50 por ciento; la consideración de ambos titulares como beneficiarios directos de las ayudas y subvenciones de las que sea objeto la explotación; y la cotización en la Seguridad Social por parte de ambos.
Inscribirse en el registro supone ventajas, según el ministerio que dirige Isabel García Tejerina, que se refieren al acceso a la condición de explotación prioritaria; un trato preferente en las bases reguladoras de las subvenciones financiadas por el Estado; y al disfrute prioritario de formación y asesoramiento en materia de agricultura.
Los dirigentes de las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León (Asaja, UCCL y La Alianza UPA-COAG) asumieron el "fracaso" de este instrumento de reconocimiento a la labor de la mujer en el campo, y expusieron la preferencia absoluta que existe por la titularidad individual. Los dirigentes agrarios explicaron que las "ridículas cifras" del registro pueden responder al exceso de burocracia; la escasa información sobre esta herramienta; y la falta de rentabilidad de las explotaciones en la actualidad, que dificulta el pago a la Seguridad Social por parte dos cónyuges.
Lo que si dejaron meridianamente claro fue la extraordinaria importancia de la incorporación de la mujer a un sector ampliamente masculinizado, porque "sin mujeres, los pueblos no tienen futuro".
En este sentido, se mostraron satisfechos de los avances logrados en esta materia, y afirmaron que según la experiencia en sus respectivas organizaciones, en un análisis de sus cursos de capacitación para arrancar en el sector, el colectivo femenino ya representa entorno al 30 por ciento de las incorporaciones.
Un sector masculinizado
El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, asumió que se habían puesto esperanzas en la titularidad compartida "pero por unas y otras cosas", dijo, las mujeres "prefieren ser titulares de la explotación" y en los matrimonios "no quieren usar esa figura y apuestan por ser titular y titular". Con todo, indicó que se debe mantener como una figura más para aquellos que la quieran adoptar.
Dujo resaltó la elevada masculinización de una actividad en la que apenas el 20 por ciento de los profesionales son mujeres, un porcentaje que merma si se analizan los grupos de mayor edad.
En este sentido, advirtió de la importancia que tiene la incorporación de la mujer al campo, ya que es esencial para la supervivencia de los pueblos. "Este es el mejor camino para que Castilla y León mantenga y mejore la población", dijo, para expresar su satisfacción porque los datos que maneja su organización reflejan que de los datos de incorporación de jóvenes a la agricultura, un 30 por ciento corresponde a mujeres. "Es un dato relevante y muy positivo", desveló.
El coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y león, Jesús Manuel González Palacín, defendió que para poner en marcha una herramienta como ésta, "lo primero es informar y luego que digan si interesa o no".
Al respecto, expuso que "todavía hay mucha gente que no está informada" y afirmó que "hay muchas mujeres que están incorporadas en la explotación, con una parte para cada uno de los cónyuges". Con todo, afirmó que la titularidad compartida "sería una buena vía para muchas mujeres que trabajan de forma directa en la explotación, llevando una parte importante del trabajo, como es la contabilidad y el papeleo".
González Palacín indicó que según sus datos entre un 20 y un 30 por ciento de las nuevas incorporaciones son mujeres y advirtió de que esto es "fundamental, porque sin ellas, el mundo rural se acaba". Con todo, defendió que "hay que hacer un mayor esfuerzo para incorporar a la mujer, y mejorar la imagen del agricultor" porque se trata de "gente muy formada, preparada, que ha optado por esta actividad como su forma de vida". "En esta actividad no entra cualquiera", sentenció.
El portavoz de La Alianza UPA-COAG, Aurelio González, incidió en que el programa de titularidad compartida no está funcionando porque "es complejo y exige mucho papeleo", además de suponer unos costes "importantes".
En este sentido, indicó que una vez que pasa el periodo de ayudas a la mujer, para muchas explotaciones supone un coste excesivo pagar dos cupones de autónomos enteros a la Seguridad Social. Y es que, afirmó, "la situación económica en el campo es muy complicado y no hay ningún sector estable con garantía de solvencia por los precios, con lo que sino hay estabilidad la gente no puede asumir costes".
Aurelio González también constató a Ical, que durante los últimos dos años está subiendo el porcentaje de mujeres que se incorporan a la empresa agraria, y constató que en su organización, ya son el 30 por ciento de los que hacen sus cursos. Defendió también que la incorporación de la mujer es "esencial, porque el medio rural sin la mujer está muerto", pero repitió que deben tener acceso a un trabajo porque se ha demostrado estos años que han sido "las primeras en abandonar los pueblos" para lograr su independencia económica.