Los recortes de algunos parlamentos autonómicos en los sueldos de los políticos en activo contrasta con las remuneraciones de algunos ex presidentes. Pensiones vitalicias, retribuciones tras el cese e incluso oficinas de apoyo con varios empleados a su cargo. Son parte de los llamativos derechos con los que cuentan actualmente algunos antiguos dirigentes regionales.
El caso de Extremadura es el más llamativo. Dejar de presidir esta comunidad supone contar, durante la mitad del tiempo que se ha ocupado el cargo, con un sueldo mensual correspondiente al 80 por ciento del que perciba el presidente.
Además, el ex máximo dirigente del gobierno extremeño contará con una oficina dedicada a su actividad, con al menos 3 personas, coche oficial y conductor. A ello se unen dietas, seguro de vida y, llegados los 65 años, una pensión vitalicia al mes del 60 por ciento de la retribución presidencial.
Algo menos ostentoso es el caso de Cataluña, aunque aquí también el ex presidente cuenta con una nómina mensual tras el cese, durante al menos una legislatura, con el 80 por ciento del sueldo presidencial y una pensión vitalicia al alcanzar los 65 años. Sólo la ocupación de otro cargo público elimina estos reconocimientos económicos.
En la Comunidad Valenciana no está concretada la cantidad que recibirán los que fueran máximos representantes de su gobierno, pero sí otros beneficios como una oficina de apoyo con dos empleados y también un conductor.
No hay vehículo oficial en el caso gallego, aunque sus ex presidentes recibirán durante dos años tras dejar el cargo un retribución establecida por decreto de la Xunta. Este periodo podría pasar a 6 años o incluso 12, en función del tiempo que hayan ocupado el cargo.
En claro contraste a estas comunidades destacan otras mucho más austeras como Andalucía o Castilla y León. Ser ex presidente andaluz conlleva, como elemento más destacado una pensión vitalicia tras su jubilación, mientras que en el caso de nuestra comunidad, apenas se establece su incorporación al Consejo Consultivo.