El Partido Popular y Vox han consensuado los mecanismos de coordinación del Gobierno autonómico, las funciones del vicepresidente y han acordado la tramitación para elevar a rango de ley la regulación de violencia intrafamiliar antes del 31 de julio.
El acuerdo de legislatura se suscribió públicamente el pasado 10 de marzo por Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo basándose en 11 ejes y 23 acciones de gobierno. En concreto, los partidos han acordado, como ejes de su futuro gobierno: vigilar y defender la igualdad social, laboral, de oportunidades entre mujeres y hombres, fortalecer el papel de las provincias y municipios, reivindicar la historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, "combatiendo cualquier intento de su utilización para dividir a los españoles y defender los intereses de la comunidad en el marco de la Unión Europea", según indica el comunicado.
Además, apuestan por impulsar la producción y los recursos disponibles para el crecimiento económico y la creación de empleo en Castilla y León. Entre sus objetivos, también se encuentra reformar el compromiso con el medio rural y desarrollar mejores infraestructuras de comunicación y transportes, apoyar a las familias, a la natalidad y luchar contra la despoblación, como centro de las políticas públicas y reducir el gasto institucional superfluo, entre otros puntos.
Pretenden formar un Gobierno autonómico "estable, sólido y fuerte, pensando en los intereses de las personas de Castilla y León y de España". En el comunicado anuncian la creación de comisiones de seguimiento del programa de gobierno y para la elaboración y para la autorización, seguimiento y evaluación de la planificación de las campañas de publicidad institucional, con participación de la vicepresidencia, así como la participación del órgano directivo dependiente del vicepresidente en la Comisión de Secretarios Generales.
Finalmente, indican las funciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León que, además de ser el representante institucional en sustitución del presidente, asumirá la presidencia de la Comisión Delegada del Gobierno y de la Comisión de Simplificación Administrativa, la representación suplente en el Comité de las Regiones, el Comisionado de las Víctimas del Terrorismo; la representación institucional de las relaciones de los órganos de la administración de la Comunidad con el Consejo Consultivo de Castilla y León y el Procurador del Común, así como con las fundaciones, asociaciones y colegios profesionales.
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