Los arrendatarios están obligados a depositar la fianza que le entrega el inquilino en la Cámara de la Propiedad urbana en el plazo de un mes después de firmar el contrato.

El Director General Vivienda de la Junta de Castilla y León, Ángel María Marinero, afirma que esta medida supone "una seguridad jurídica de que el dinero está custodiado, de que los rendimientos que produce tienen una finalidad pública, y de que está a disposición de las partes". En caso de que haya conflicto queda consignado hasta que se resuelva.

Las fianzas en sí no te tocan, pero sí los intereses que producen. "La intención es que la Junta de Castilla y León a través de la Cámara de la Propiedad, pueda financiar adquisiciones de vivienda de protección oficial, ayudas oficiales y demás", nos explica el Gerente de la inmobiliaria Fin-Vall, Julio de la Fuente.

Ese era uno de los objetivos de una obligación que existe desde los años 60, pero que ahora casi nadie cumple. Y que no se castiga porque la Administración nunca creó servicio de inspección para estos casos. "Ahora, si usted va a la consejería y denuncia un contrato que no tiene fianza se pone en movimiento el expediente sancionador", advierte el Secretario de la Cámara de la Propiedad de Valladolid, Segundo Velasco.

Las multan no son ninguna broma, pueden alcanzar los 3.000 euros. La llegada de nuevo de ayudas al alquiler servirá de estímulo para cumplir con este trámite, requisito indispensable para recibir la subvención.