El paso de María Montero de miembro del grupo Ciudadanos a procuradora no adscrita implica cambios en sus condiciones. En primer lugar, pierde su puesto en las comisiones y en todos aquellos órganos en los que participaba representando al partido según el reglamento de las Cortes de Castilla y León. La pérdida de estas funciones afectan también a nivel económico. María Montero era portavoz adjunta de la formación, por su dedicación exclusiva recibía una retribución de 73.211,28 euros al año. Además, desarrollaba su labor en ocho comisiones: como presidenta en la Comisión de Investigación de los Planes de Medios y en la Comisión de Sanidad, vicepresidenta en la de Educación y del Estatuto, portavoz en la de Presidencia y también, estaba presente en la de Cultura, Familia y Discapacidad. Ahora no intervendrá en ellas a través de Ciudadanos aunque, según el reglamento, como procurador no adscrito tendrá derecho a formar parte de una comisión. Por ella, al igual que por asistir a los plenos, recibirá 220 euros por sesión más la compensación por desplazamiento. No recibirá ninguna cuantía extra al no pertenecer a ningún partido.

También sus intervenciones serán menores, no repartirá sus minutos con el grupo mixto ya que oficialmente queda fuera de él. Como procuradora independiente tendrá derecho a voto, pero aún no está claro que pueda tomar la palabra en los plenos, deberá decidirlo la mesa de las Cortes.