La posible eliminación de la tarifa regulada de la luz, el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), está generando discrepancias entre expertos del sector y asociaciones de consumidores. 

El consejero delegado de Roams, Eduardo Delgado, defiende que liberalizar el mercado y hacerlo más competitivo implicaría que “todos los precios de las tarifas de energía se vinculen al precio del mercado de ese momento”. 

Desde FACUA, su secretario general, Rubén Sánchez, advierte de que suprimir por completo esta tarifa supondría “una desprotección total del consumidor” y duda de que las compañías compitan de forma real, por lo que teme que el resultado sea pagar “todavía más cara la luz”.

En la mayoría de países de la Unión Europea los mercados están liberalizados. Delgado señala como referencia el caso de Hungría, donde, según afirma, en un promedio de 12 meses “se observa” una reducción del precio del 55% en los hogares, un precedente que, a su juicio, debería impulsar un mercado “igual de dinámico”.

En España, la eliminación del PVPC también afectaría al acceso al bono social. Expertos plantean que se aplique directamente en la factura de los hogares más vulnerables, aunque desde FACUA consideran complicado el modelo actual, que obliga a la ciudadanía a solicitarlo y comprobar si tiene derecho.

Por el momento, el Gobierno rechaza la exigencia de la Comisión, pero desde Bruselas insisten en que España deberá presentar una hoja de ruta para la eliminación de la tarifa antes de que termine el año.