¿A quién representaban y por qué cobraban, si ahora todos alegan desconocimiento? Es la pregunta que se hace Izquierda Unida respecto a los imputados por las prejubilaciones millonarias de Caja Segovia y que hoy ocupan cargos públicos. Por eso pide que devuelvan las dietas, casi 300.000 euros que cobraron estos cinco consejeros entre 2006 y 2011.
Piden la dimisión del alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, al que IU apoya con su único concejal. Y que dimitan los vicepresidentes de la Diputación, José Luis Sanz Merino y Miguel Ángel de Vicente, secretario además del PP de Segovia, el procurador y portavoz adjunto en las Cortes de Castilla y León, Juan José Sanz Vitorio y el senador Javier Santamaría, ambos del partido popular. Denuncian un pacto de silencio entre PP y PSOE sobre estas imputaciones, pacto en el que incluyen a las direcciones autonómicas de los partidos.