La querella que interpondrá Unidas Podemos contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tras la retirada del escaño a Alberto Rodríguez, al entender que incurrió en prevaricación ante las "presiones" del Tribunal Supremo, y la petición de una reunión urgente por "intentos de injerencia" de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, sobre la reforma laboral ha generado un choque hasta ahora inédito en la coalición.
De hecho, varios cargos de la confluencia han manifestado su malestar por la actitud de los socialistas en los dos campos mientras que en el espacio confederal hablan de choque "serio" que enturbia la relación. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha eludido este sábado valorar los roces surgidos dentro del Gobierno de coalición.
Por un lado, estos dirigentes del espacio confederal interpretan que el PSOE "no ha estado a la altura" en el desenlace del debate sobre el alcance de la inhabilitación de Rodríguez, y aluden también que se ha sucumbido a la presión de la "derecha política", como han destacado el portavoz y el presidente del grupo parlamentario, Pablo Echenique y Jaume Asens respectivamente.
Tras conocerse la determinación de Batet de retirarle el acta a este diputado, la mayoría de dirigentes de la formación morada ha centrado sus reproches en Batet, al hablar de decisión "muy grave" y sucumbir ante los oficios cursados por el presidente de la Sala Segunda del alto tribunal, Manuel Marchena, que también ha sido blanco de muchas críticas desde el espacio confederal.
Echenique ha tildado de "vergüenza" lo ocurrido mientras que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ya aludía a un posible caso de "prevaricación" y ha acusado al Supremo de presionar a la presidenta de la Cámara para que procediera a quitarle el escaño, pese a que "ambos sabían" que esa inhabilitación no es lo que dice textualmente el fallo.
Un criterio en el que ha ahondado también la titular de Igualdad, Irene Montero, que aprecia en este desenlace "la reacción judicial y política más profunda". Pero otros han señalado al PSOE, como el propio Asens quien ha hablado de "decepción" o su compañero de filas, Antón Gómez-Reino, que se preguntaba si cuando se impute al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los socialistas se darán cuenta "del riesgo del Gobierno de los jueces (de la derecha)" y del 'lawfare'.
Unidas Podemos ha avanzado que interponía una querella por presunto delito de prevaricación de Batet por su decisión "unilateral" y en contra del criterio de los letrados de la cámara y de la Mesa del Congreso, partidarios de que Rodríguez continuara con su condición de diputado.
Sobre todo cuando el abono de la multa que sustituía la pena de 45 días de prisión que pautaba la resolución por un delito de atentado a la autoridad atribuido al exparlamentario de Podemos ya fue abonada y la sentencia alude a la inhabilitación por sufragio pasivo, es decir, el derecho a presentarse a unas elecciones.
Choque reforma laboral
Belarra ha solicitado al PSOE una reunión urgente de la mesa del acuerdo de coalición sin explicitar el motivo, fuentes del espacio confederal explicaron que esa solicitud se fundamentaba ante los "intentos de injerencia" de Nadia Calviño en los trabajos y negociación para la derogación de la reforma laboral.
El detonante del conflicto radicó en una comunicación interministerial que remitió Economía sobre el marco de colaboración y trabajo sobre el nuevo marco laboral, que se prevé tener listo antes de que finalice el año. Así, en el socio minoritario han detectado una invasión de competencias que recaen en la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz; en quien deben recaer el liderazgo de recopilar todas las aportaciones de los distintos departamentos.