El Gobierno de España aprueba mañana una modificación de la Ley de Cajas de Ahorro en la línea con el espíritu de profesionalización de las entidades que exigen los mercados y el sentido común y con la trascendental novedad de permitir la entrada de capital privado hasta el 50% del patrimonio.

La Ley limita la presencia de políticos en los órganos de Gobierno, excluye a los cargos electos y obliga a ocupar al menos la mitad de los consejos con consejeros de perfil profesional. Las cajas necesitan dinero y rigor en la gestión. La mayoría han dilapidado ambos en los últimos años, pero se acabó la broma.

En la misma línea, Herrera propone también extender la incompatibilidad a las personas del consejo de administración con intereses económicos vinculados a la gestión de la caja. Aunque se resistan el presidente de Caja España y el alcalde de León, el viento del futuro sopla en contra de sus particulares intereses.

Como soplan en contra del doble grito de Viva Segovia y Viva Ávila con que los consejos de ambas Cajas optaron por dar la espalda a Castilla y León para buscar acomodo en una megacaja. La entrada de capital privado reducirá su insignificante representación a la mitad. Implacable juez es el tiempo.