La Junta de Castilla y León confía en que el Gobierno central y la empresa Nuclenor reconduzcan la situación de cierre a que se ve abocada la central nuclear de Santa María de Garoña por no haber pedido el permiso de actividad hasta 2019 en plazo, aunque califica de “incomprensible” que la compañía, participada por Endesa e Iberdrola, no haya solicitado la prórroga cuando se revocó la anterior orden de clausura y existe un “dictamen claro” para que siga abierta del Consejo de Seguridad Nuclear.
El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, trasladó esta posición en una comparecencia ante la prensa, en solitario, después de mantener una reunión con directivos de la empresa, entre ellos el director general, Martín Regaño, y el director de la central nuclear, José Ramón Torralbo. Villanueva habló de la “sorpresa” que produjo en el Gobierno de Castilla y León la decisión de Nuclenor y añadió que la información que disponían era de la “voluntad” de la compañía de continuar con la explotación de la planta, situada en el burgalés Valle de Tobalina.
En toda su comparecencia se mostró prudente, declinó cargar contra la empresa, de la que sólo reiteró que es “incomprensible” que no haya pedido la prórroga, y subrayó el apoyo de la Junta a que Garoña siga abierta, siempre que así lo diga el Consejo de Seguridad Nuclear. “Traicionados no, pero sí decepcionados”, afirmó en una de sus respuestas, en la que consideró que tenía que haber solicitado el permiso y, después, si así lo hubiera estimado, habría podido revocar el mismo por cauces jurídicos y administrativos, posición que también expresó hoy el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Villanueva agradeció el encuentro con los directivos y, de los argumentos que le comunicaron, valoró que Nuclenor tenga “voluntad” de reconducir la situación una vez que conozca el alcance de la reforma energética que plantea el Gobierno y analice la viabilidad de la planta con ella, motivo que ha llevado a la empresa a no pedir la prórroga en el plazo estipulado.
Esta es la posición a la que se agarra la Junta de Castilla y León, que no quiere asumir el cierre de la central en el sentido de que no es legal conceder un nuevo plazo a Nuclenor para que pida la prórroga, ya que el CSN no autorizó los dos meses que pedía la empresa y alega que no tiene tiempo por motivos de seguridad para analizar el expediente.
En este punto, Villanueva diferenció el plazo para solicitar el permiso de explotación hasta 2019, que ha vencido ya, del periodo del Consejo de Seguridad Nuclear para informar de la viabilidad técnica, que estima en diez meses, aunque declinó entrar en ese debate e hizo votos por que las partes reconduzcan la situación para que la central no cierre en julio de 2013. Así, el consejero confió en que Nuclenor y el Gobierno “se sienten” y lo aclaren así como que el CSN exprese su opinión.
Aunque respetó los argumentos dados por los directivos, en el sentido de la “incertidumbre” al no conocer la reforma del Gobierno para el sector, reiteró que tenían que haber presentado el permiso de prórroga y que no entienden por qué no lo han hecho, al tiempo que recordó la reunión que ha pedido con el secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, para conocer la posición del Gobierno y ver las posibilidades para reconducir la situación y que la empresa pueda pedir el permiso, aunque reconoció las dificultades existentes al respecto.
Villanueva destacó también la información recibida sobre el estado y funcionamiento de las instalaciones, que según le expresaron los directivos de la central es “bueno”, supera los indicadores verdes en las evaluaciones trimestrales y no tiene “ningún problema”. El consejero, como también ha manifestado el presidente de la Junta en una entrevista, se mostró “muy preocupado” por la situación económica en la comarca en caso de que la nuclear cierre. Si se llegará a ello, afirmó que pedirán un plan “alternativo real” para la zona al Gobierno y a la empresa.
Además, rechazó que entre las causas de que Nuclenor -participada en un 50 por ciento por Endesa e Iberdrola- no haya pedido la prórroga esté la aplicación de un tributo verde a la nuclear por parte de la Junta. Pese a que la consejera de Hacienda afirmó que iba a proponer al Consejo de Gobierno la creación de ese gravamen, el titular de Economía y Empleo se alineó hoy con la tesis del consejero portavoz en el sentido de que dicha posibilidad “nunca se ha pensado” por la Junta.
Villanueva, que afirmó que no han recibido en su departamento ni en Hacienda ningún escrito de Nuclenor, como indicó ésta en un comunicado, insistió en que la Junta no iba a imponer una tasa a la nuclear en las actuales condiciones para que el proyecto fuera inviable. “El Gobierno de Castilla y León tiene interés en que la actividad continúe y sólo marca como línea roja que se garantice la seguridad”, concluyó.