Una concentración organizada en Poyales del Hoyo, Ávila, por varias asociaciones de defensa de la memoria histórica en señal de protesta por el traslado de los restos exhumados de varias víctimas de la Guerra Civil a una fosa común en el cementerio municipal, concluyó este domingo con un enfrentamiento entre los convocantes y vecinos, que impidieron que se llevara a cabo el acto previsto.
Cerca de 200 personas, entre manifestantes y vecinos, se concentraron en la plaza de Poyales del Hoyo ante la convocatoria realizada tras conocerse que, el sábado pasado, se había abierto una tumba en la que reposaban los restos exhumados de diez víctimas de la Guerra Civil y habían sido trasladados a una fosa común.
Según las asociaciones convocantes, entre las que se encontraba el Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y La Vera, la Asociación de Republicanos Desaparecidos (Afaredes), el Foro Estatal de Foros por la Memoria y la Asociación Independiente de la Memoria Viva, lo que el sábado pasado se produjo fue un "triste" acontecimiento que "nos produce un estado de repulsa e indignación, intolerable y de difícil solución ante la cerrazón de los que gobiernan el Ayuntamiento de esta localidad".
Así, en el acto, que encabezaba una pancarta en la que podía leerse ‘Somos los nietos de los obreros que no pudisteis matar’, iban a intervenir los representantes de las asociaciones convocantes, así como Yash Paul Gosain, biznieto de Pilar Espinosa, una de las víctimas cuyos restos fueron exhumados en 2002 y se encontraban en esta tumba.
Gosain indicó que a él le "habían llegado noticias" de que uno de los familiares de uno de los represaliados quería sacar los restos de la tumba para trasladarlos a otro lugar, pero que "los demás restos se iban a dejar allí", aunque después se le comunicó que la tumba "se había destrozado". "Ahora se encuentra en una situación precaria" y "en una fosa común en la que ni pone el nombre ni nada", añadió.
"Fuera de aquí"
El acto, sin embargo, no pudo llevarse a cabo, pues, en el momento en el que iba a comenzar, los vecinos de Poyales comenzaron a gritar "fuera de aquí", "no sois de aquí" o "aquí no queremos comunistas", entre otros, que impidieron que los convocantes pudieran llevar a cabo el acto que tenían programado.
Ante la presencia de varios efectivos de la Guardia Civil, la juez de paz del municipio presentó un escrito de la Subdelegación del Gobierno en la que "se da por no enterada", pues la solicitud de la concentración pacífica "no respeta la obligatoriedad" de comunicar dicha "reunión" con el plazo mínimo establecido, de diez días. Finalmente, los convocantes decidieron retirarse, ante los gritos insistentes de los vecinos del municipio y se dio por finalizado el acto.
Indignación
Para Isabel Fernández Navas, de Afaredes, tal "barbarie" cometida desde el Ayuntamiento llena de "indignación" a los familiares de las víctimas, que "hemos estado diez años luchando por que se sepa que las cunetas de este país están llenas de gente".
De la misma forma, Eduardo de la Torre, del Foro por la Memoria, señaló que el acto estaba convocado en señal de "denuncia" por el traslado, que calificó de "ultraje" y "sacrilegio", además de que "está tipificado en el Código Penal y en la Ley de la Memoria Histórica".
Al respecto, De la Torre anunció que se ha pedido que actúe la Fiscalía "de oficio" y "que los responsables políticos que sustentan a este alcalde le destituyan", además de "que se reponga el daño producido a los familiares".
En este sentido, desde el Foro por la Memoria se confirmó que "un colectivo" de vecinos del municipio se había dirigido al regidor, Antonio Cerro, "intentando negociar", para lo que se le presentó un documento en el que se pide que los restos se devuelvan a la tumba en la que se encontraban, que ésta se "memorialice" y que se pida perdón, aunque "no ha querido firmarlo ni el alcalde, que se encuentra desaparecido, ni el teniente de alcalde, que está aquí, ni el resto de los concejales del PP".
Con legalidad
En la tumba se encontraban los restos de tres mujeres que habían sido exhumados en la zona denominada la Vuelta del Esparrragal el año 2002 –Virtudes de la Puente (53 años), Pilar Espinosa (43) y Valeriana Granada (26 años y embarazada de varios meses), así como de otras siete personas cuyos restos fueron exhumados el año pasado en el paraje de la Cuesta del Avión. Eran Tomasa de la Peña (62 años), Régulo Martín (36), Francisco Martín (69), Ceferino Gómez (82), Benjamín Gómez (24, hijo de Ceferino y Tomasa), Tomás Retamal (32) y Emilio García (34).
Según indicó el teniente de alcalde de Poyales, Ángel Jiménez, y ratificó, en conversación telefónica, el regidor hoyanco, Antonio Cerro, una nieta de una de las víctimas (Virtudes de la Puente) había solicitado recuperar los restos de su abuela.
Asesorados por "los servicios jurídicos de la Diputación" de Ávila, desde el Ayuntamiento se procedió a acompañar a esta persona en el acto de desenterramiento, que llevó a cabo una "empresa" contratada por esta persona, ante la presencia de ella, junto con el alcalde, la sustituta de la juez de paz y un familiar en representación de las siete víctimas cuyos restos fueron exhumados en 2010. También se avisó a la Guardia Civil, aunque "no llegaron a tiempo".
Se dio la circunstancia de que los restos de Virtudes se encontraban al fondo, al ser los primeros que se habían enterrado, por lo que había que sacar todos los demás, que "se encontraban en un estado lamentable, llenos de barro y agua", pues "las cajas estaban destrozadas, deshechas", razón por la que se decidió trasladar todos los restos –salvo los de Virtudes- a la fosa común, "en mejores condiciones".
Con posterioridad, según se explicó desde el Ayuntamiento, se ha enviado un documento a los familiares de estas personas comunicándoles lo sucedido y si aceptan la nueva situación, de manera que "varios" ya han firmado su conformidad.
"No somos delincuentes", añadió Antonio Cerro, el regidor hoyanco, incidiendo en que "todo esto lo hemos hecho confirmando que actuábamos con legalidad" y que "se hará todo lo posible para aclarar la situación".