En Castilla y León residen actualmente más de 12.000 personas con discapacidad por motivos de audición, un colectivo que continúa encontrando serias trabas en su vida cotidiana. Con motivo de la conmemoración de la Semana de las Personas Sordas, diversos testimonios han puesto de manifiesto la imperiosa necesidad de contar con avisos visuales adaptados en los transportes públicos y un acceso garantizado a la interpretación en todos los servicios de la administración.

Obstáculos en el entorno educativo y laboral

Las carencias en la comunicación afectan de manera determinante desde las primeras etapas del desarrollo, donde los afectados señalan el agotamiento que supone formarse sin los recursos visuales o el apoyo adecuado. Esta situación de privación lingüística inicial repercute directamente en la etapa adulta, relegando en muchas ocasiones a estos trabajadores a puestos de empleo básicos o de menor cualificación debido a los prejuicios y a las barreras del entorno.

Falta de intérpretes de lengua de signos

La principal demanda del sector radica en la ampliación de las plantillas de profesionales de la interpretación, una prestación que resulta insuficiente ante la alta demanda social. Las entidades del ámbito de la discapacidad auditiva recuerdan que la formación superior en este campo está muy delimitada en España, dependiendo además estrechamente de la financiación pública asignada para poder contratar el personal necesario en instituciones y centros educativos.

Para garantizar la autonomía personal y la plena inclusión, las organizaciones autonómicas instan a las instituciones a dotar de mayores presupuestos la contratación de profesionales de la comunicación. Solo mediante la presencia continuada de intérpretes y la adaptación tecnológica de los espacios públicos se podrá asegurar el derecho de la comunidad sorda a desenvolverse en igualdad de condiciones.