Lo que se diseñó como un salvavidas de 20 céntimos por litro para el sector del transporte por carretera se ha convertido en una trampa de liquidez. La lentitud en la tramitación administrativa por parte del Ejecutivo ha provocado que cerca del 50% de las empresas mantengan impagadas las subvenciones prometidas entre marzo y junio, dejando al descubierto la tesorería de miles de pymes.

Sobrecostes desorbitados y recurso al crédito

El desfase económico golpea de lleno el día a día de las carreteras. Con un consumo medio de entre 4.000 y 5.000 litros mensuales por vehículo pesado, la factura operativa casi se ha duplicado, acumulando un saldo pendiente que oscila entre los 3.000 y los 3.500 euros por camión. En flotas medianas de diez unidades, el descubierto roza los 35.000 euros, una cifra que ha forzado a numerosos empresarios a recurrir a vías de financiación crediticia para no paralizar la actividad en pleno agosto.

Incertidumbre por los cambios tributarios

A la parálisis de los pagos se suma un escenario normativo movedizo. Desde el mes de julio, el modelo inicial ha sido sustituido por un esquema mixto que combina subvenciones directas con ajustes en el Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos. Esta volatilidad fiscal, sumada al anuncio de nuevos retoques en el surtidor únicamente para el diésel, impide al colectivo planificar sus costes a corto plazo.

Riesgo directo para el consumidor final

La sobrecarga de costes amenaza con trasladarse de forma inmediata a la cadena de suministro global. Dado que el transporte por carretera es el eslabón imprescindible para mover tanto las materias primas hacia las fábricas como el producto terminado al punto de venta, la falta de liquidez en el sector acabará encareciendo el precio final de cualquier producto en el mercado.