Los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Segovia decidirán, en el plazo de una semana, mediante la redacción de un auto si continúa adelante el juicio de las prejubilaciones de Caja Segovia en febrero, al tener que resolver las múltiples cuestiones previas planteadas por las defensas de los seis acusados por apropiación indebida y administración desleal, los cinco acusados a título lucrativo y la aseguradora Caser, que reclamaron sobreseer la causa por no haberse acreditado el perjuicio de la Fundación Caja Segovia para ejercer la acusación particular.

La sesión arrancó con 20 minutos de retraso escuchando a los seis principales acusados, que se enfrenta a peticiones de cárcel entre los tres y nueve años, respondiendo al presidente de la Sala, José Miguel García Moreno, estar en desacuerdo con los escritos de acusación y las peticiones incluidas en ellos. El más explícito fue el exdirector general de Caja Segovia, Manuel Escribano, con un contundente ''profundamente no''. El resto de acusados, Atilano Soto, Elena García Gil, Manuel Agudíez, Antonio Tapias y Enrique Quintanilla, usaron la fórmula: ''no estoy de acuerdo''.

Todas las defensas cargaron las tintas contra la Fundación Caja Segovia, argumentando que no ha quedado acreditado que haya sufrido perjuicio alguno derivado del plan de jubilaciones de la entidad financiera porque Caja Segovia derivó todos sus activos y pasivos al Banco Financiero y de Ahorros (BFA), primer paso del posterior proceso de integración en Bankia.

El abogado de Elena García Gil, Jesús Továr, remarcó que la Fundación Caja Segovia ''nunca había asumido'', hasta años más tarde de su composición, ''cuestión alguna relacionada con las prejubilaciones'' y que ''la acusación no ha demostrado el perjuicio'' causado a la Fundación.

La defensa del expresidente y el exvicepresidente de Caja Segovia, Atilano Soto y Manuel Agudíez, el letrado Joaquín Rodríguez sostuvo que el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y Bankia son los únicos que podrían ser perjudicados pero nunca la fundación que llevó caminos separados pues sólo se hizo cargo de los bienes y derechos relacionados con la Obra Social y Cultural, donde nunca estuvieron las prejubilaiones. ''Las subrogaciones legales sólo perjudicarían a BFA y Bankia'', argumentó que ''conocen perfectamente el plan de pensiones'' y nunca se han personando en la causa.

Todo conforme a derecho

El mismo bufete penalista también defiende al exdirector general de Caja Segovia, Manuel Escribano, y el exsecretario, Antonio Tapias. Su titular, Luis Rodríguez Ramos, consideró, a la salida de la Audiencia, que no sólo ''estamos al margen de cualquier hipótesis delictiva'' sino ''de cualquier injusticia en el orden laboral, civil, mercantil, administrativo o de cualquier otro sector del ordenamiento jurídico'' porque, en los planes de prejubilaciones, ''todo conforme a derecho''.

Rodríguez Ramos remarcó que el Ministerio Fiscal, amparado por el principio de imparcialidad, llegó a la conclusión de que ''no hay ningún delito, lo que yo suscribo". El penalista sostuvo que las cajas no eran banco oficiales sino ''entidades de crédito'', defendiendo que eran ''entidades privadas'', a las que se aplica ‘la Doctrina Botín’, que dice que, en un procedimiento penal, si no acusa el Ministerio Fiscal ni hay una ''acusación particular legítima y real'', se debe dictar el archivo y sobreseimiento, ''una sentencia absolutoria anticipada sin que se celebre juicio''.

Para Rodríguez Ramos, la acusación particular de la Fundación Caja Segovia ''se agarra a mil argumentos para decir que sí son perjudicados'', pero sólo pueden ''los subrogados a los derechos y obligaciones de Caja Segovia, ''BFA y Bankia'', cuyos responsables de ''dan cuenta de que no tendría nada que hacer ante semejante pretensión en este juicio''.

El abogado de cuatro de los seis acusados de los delitos de administración desleal y apropiación indebida, hizo gala del sentido del humor que ya exihibió en la fase de instrucción, asegurando que, cómo le dijo un abogado andaluz,''un juicio es un ser vivo del que se sabe cuando nace perno no cómo se va ir desarrollando''.

Rodríguez Ramos también declaró que la anterior Sala de la Audiencia Provincial, que revocó el sobreseimiento del Juzgado de los Mercantil, se ''equivocó'' porque ''los jueces y magistrados se puede equivocar porque son humanos''. Ahora, ''todo está en manos de tres magistrados'' que decidirán lo que ''es más justo'' que no significa ''lo más acertado'', insistiendo en que, en este caso, ''no hay nada''.

El perjuicio ''sigue latente''

Por su parte, el abogado de la Fundación Caja Segovia, Rafael Iturriaga, afirmó que ''está muy confiando'' en que se ''van a desestimar'', por parte de los tres magistrados, todas las cuestiones previas planteadas y puedan comenzar el juicio ''en las fechas que faltan por establecer'' en febrero. Iturriaga dejó claro que esta lucha por el sobreseimiento, quedando el caso sin acusación particular, es ''el principal argumento de las defensas'' y al que todos se han adherido, ''máxime cuando el Ministerio Fiscal no ha acusado'', cuanto ''tenía que haber acusado'' y ''ésa es mi crítica''.

El letrado de la Fundación Caja Segovia argumentó que siempre tuvo claro que esta institución ''se ha considerado perjudicada por los hechos que han sido objeto de investigación'', recordando que la condición de acusación particular se tiene que acreditar en el momento de la consumación del delito, que se produce el 31 de diciembre de 2010, cuando se hace ''la transferencia de más de 17 millones de euros'', a favor de Caser, dotando esas pólizas y haciendo ''inutilizable'' esas cantidad.

Durante la celebración de la vista oral, Iturriaga argumentó que ''la personalidad jurídica de Caja Segovia no ha cambiado'' y ''no ha desaparecido'', porque se hizo primero ''una fundación de naturaleza especial y luego una fundación de naturaleza norma, por obligación legal''. El abogado remarcó que ''Caja Segovia se ha mantenido y personado cuando se comete el delito'', por lo que debe continuar ejerciendo la acusación particular porque ''el perjuicio sigue latente''.

Rafael Iturriaga afirmó que si los magistrados desestiman las acusaciones previas y el juicio continúa se habrá ''superado un primer obstáculo'' pero no quiere decir que ''vaya a ver una sentencia condenatoria'' porque será ''una prueba larga y sometida al principio de inmediación y contradicción de la partes'' y, como acusación, tendrán que acreditar ''todos los elementos de los tipos penales por los que acusamos''.

Devolución de las cantidades

Los abogados defensores de los cinco exdirectivos de Caja Segovia, Miguel Ángel Sánchez Plaza, Óscar Javier Varas, Juan Magaña, Malaquías del Pozo y José Antonio Folgado cual, que se enfrentan al juicio en su condición de responsables civiles a título lucrativo, reclamaron que no se ha cometido irregularidad alguna ser simplemente la resolución de contratos entre la Caja y sus trabajadores de acuerdo con el plan de jubilaciones de la entidad. Además, algunos letrados, había ''prescrito las responsabilidades'' derivados de los contratos firmado.

El letrado de la Fundación no comparte esta visión ya que ''en ningún caso ha prescrito'' de su cliente para reclamar ''la devolución de las cantidades'' que fueron cobradas ''en ejecución de unas modificaciones ilícitas'' de un plan inicial de prejubilaciones, establecido en 2006, ''con una finalidad que la integración en el Banco de Financiero y de Ahorros (BFA) no se llevó a cabo'', y siguen reclamando la devolución de las cantidades.