El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Valladolid ha trasladado al Ministerio Fiscal una providencia para que investigue un posible delito de 'corrupción en el sector privado' durante la etapa en la que Jesús Terciado fue presidente de Cecale. Se trata de esclarecer si la patronal reclamaba cuotas a las empresas por ser seleccionadas para prestar servicios y si estas aportaciones eran acordadas con la patronal como un porcentaje (del 10 al 20 por ciento) del total facturado por los servicios prestados. Es decir, si había un retorno de la subvención pública de la que supuestamente se beneficiaría la propia Cecale, según una información de ABC Castilla y León.
El origen de esta trama comienza en octubre de 2013, cuando una empresa que realizaba cursos de formación por mediación de Cecale le reclamó 230.000 euros. Se trata de la Escuela Empresarial Platón S. L. de Valladolid, a la que la patronal regional concedía la mayor parte de los cursos financiados con los fondos procedentes de la Junta de Castilla y León. Tanto es así que, entre 2008 y 2012, años de Terciado como presidente y de Héctor Arias como secretario general, la firma recibió más de 1,7 millones de euros por impartir dichos cursos.
La empresa alega que adelantó a Cecale 230.000 euros en concepto de diferentes fianzas supuestamente vinculadas a la concesión de cursos subvencionados por el Ecyl, mientras que Cecale argumenta que esa cantidad corresponde a una cuota por asociado, dato que cuanto menos sorprende por ser una cantidad muy elevada para una empresa con menos de diez trabajadores.
El juicio comenzó el pasado miércoles en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Valladolid, donde García Arias declaró como testigo. Tras la declaración, el juez trasladó la denuncia a la Fiscalía al advertir que "las sumas reclamadas pudieran ser realmente cantidades abonadas por la empresa con la única finalidad de conseguir y mantener la contratación de los cursos de formación subvencionados con fondos públicos, conducta que pudiera ser incardinable en al art. 286 bis del Código Penal".
Precisamente, la nueva Junta Directiva de Cecale, que preside Santiago Aparicio, encargó una auditoria externa a la consultora KPMG, tras comprobar el estado de bancarrota y la falta de viabilidad económica en la que había dejado a la organización la gestión de Terciado y García Arias. En su informe, KPMG recoge que la patronal cuenta con tres vías de ingresos a través de cuotas, una de ellas denominada 'empresas asociadas con relación comercial', cuyo principal proveedor sería la Escuela Platón. Procedimiento que también cuestiona KPMG que, sin entrar en cuestiones jurídicas ni penales, reconoce que "no están contempladas en los Estatutos de la Sociedad" y "se aleja de las buenas prácticas de gestión empresarial".
Pese a que la Escuela Platón era la gran beneficiaria hasta 2012, no existía acuerdo formal entre ellas. Según KPMG, mantenían una relación comercial irregular" alcanzada bajo un acuerdo verbal y no escrito con el secretario general de la patronal, tal y como quedó acreditado en la declaración de García Arias. Una doble contabilidad que también está siendo analizada por el informe jurídico que Cecale ha encargado a otra consultora externa y que este mes dará a conocer las posibles consecuencias penales de la gestión de Terciado.