El municipio salmantino de Rollán, de apenas 300 habitantes, ha sido escenario de una concentración vecinal para reclamar el restablecimiento del puesto de la Guardia Civil. Las instalaciones permanecen fuera de servicio de forma temporal desde hace 600 días, un periodo en el que los residentes afirman haber sufrido un repunte constante en los delitos contra la propiedad privada y los servicios públicos.

Aumento de los delitos e infraestructuras afectadas

Las consecuencias del cierre no solo afectan a la percepción de seguridad de los residentes, sino también a la operatividad del propio municipio. Desde el ayuntamiento se ha alertado de que la falta de presencia policial continua ha facilitado la sustracción de materiales en las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), pérdidas en explotaciones agrícolas de la zona e incluso el robo del cableado del tendido de ADSL, dejando incomunicada a parte de la población.

La principal queja de los manifestantes radica en la diferencia de cobertura, dado que actualmente la asistencia depende de un cuartel situado a 35 kilómetros de distancia. Esta brecha operativa genera incertidumbre en toda la comarca, especialmente tras incidentes recientes en la Salamanca rural como la ocupación de un inmueble en Garcihernández, lo que acrecienta el temor por la custodia de las viviendas que permanecen deshabitadas durante varios meses al año.

Movilización unánime y recogida de firmas

Ante lo que consideran un desmantelamiento de los servicios esenciales que favorece la despoblación, la ciudadanía ha iniciado acciones para revertir la medida. La protesta cuenta con el respaldo de más de 13 firmas y el apoyo explícito de los representantes municipales, quienes sostienen que la seguridad presencial es un derecho irrenunciable para garantizar la viabilidad del medio rural.