El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana más conocido como impuesto de plusvalía municipal, es un tributo directo que depende de y gestionan los Ayuntamientos. Se paga cuando un contribuyente vende, dona o hereda una vivienda. Es una tasa que aporta miles de millones de euros a los ayuntamientos, en Castilla y León casi 52 millones de euros en 2018, el último dato oficial.

La anulación del impuesto de plusvalía amenaza los presupuestos de los ayuntamientos. Para muchos alcaldes esta decisión del Tribunal Constitucional se veía venir y exigen soluciones inmediatas al Gobierno.

El Ministerio de Hacienda está a la espera de conocer al detalle la sentencia para tomar medidas, pero asegura que tienen preparado un borrador legal que ofrecerá seguridad jurídica y garantizará la constitucionalidad del impuesto. La duda es si para acelerar los pasos se aprobaría como decreto lo que reclaman desde ayuntamientos de todo signo político.