Así aprueba y financia el Gobierno los decretos sociales sin Presupuestos

El Ejecutivo ha aprobado nueve reales decretos leyes desde la convocatoria electoral que dependen del aval parlamentario y de modificaciones de crédito para elevar el gasto público.

Noemí Morante

El ritmo de aprobación de medidas sociales en el Consejo de Ministros se ha intensificado en las últimas semanas, dejando un paquete de iniciativas cuya entrada en vigor definitiva depende del equilibrio parlamentario y de la ingeniería presupuestaria. Desde la convocatoria electoral, el Gobierno ha dado luz verde a nueve reales decretos leyes que requieren obligatoriamente la convalidación del órgano parlamentario competente.

En este escenario, la Diputación Permanente ya ha comenzado a marcar el destino de estas normas: mientras ha respaldado con su voto favorable el decreto relativo a los desahucios, ha tumbado la regulación sobre los alquileres indefinidos. El resto de decretos leyes que continúan en vigor se someterán a debate y votación en la sesión parlamentaria de este miércoles.

Diferencias en la tramitación: del salario mínimo a las pensiones

No todas las decisiones adoptadas por el Ejecutivo siguen el mismo recorrido legislativo ni exigen idénticos controles. El incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) queda al margen de este filtro parlamentario, ya que su aprobación se articula mediante un real decreto ordinario y, por tanto, no necesita convalidación de las Cortes.

De forma paralela, durante el último mes y medio, el Consejo de Ministros ha impulsado la tramitación de diversos proyectos normativos de calado económico. Entre estas iniciativas destaca la futura revalorización de las pensiones, cuyo desarrollo requiere avanzar en su correspondiente cauce administrativo.

Financiación del gasto sin Presupuestos Generales

El principal reto técnico de este paquete social radica en que todas estas decisiones se están adoptando en un contexto de prórroga presupuestaria, al no contar con unas cuentas públicas aprobadas para el ejercicio en curso. Esta ausencia obliga a Hacienda a activar mecanismos excepcionales para dar cobertura financiera a los compromisos adquiridos.

Para sostener el desembolso sin nuevos Presupuestos, la Administración recurre a la habilitación de créditos extraordinarios, transferencias entre distintas partidas y ampliaciones de crédito. De este modo, medidas estructurales como la subida de las pensiones o el incremento retributivo de los funcionarios elevarán de forma directa el gasto público, un impacto fiscal que deberá integrarse y valorarse en las cuentas de 2027.