El Congreso ha aprobado definitivamente este jueves la Ley Trans y de garantía de los derechos LGTBI que permite que el colectivo pueda realizar un cambio de nombre y sexo en el Registro Civil sin ningún requisito, a partir de los 16 años.
La entrada en vigor de este texto supone la despatologización del colectivo, ya que elimina los requisitos necesarios hasta ahora para acceder a este procedimiento: Un diagnóstico médico que acredite una disforia de género y tratamiento hormonal durante, al menos, dos años.
Con este nuevo texto, bastará con que se solicite el cambio por escrito, sin necesidad de presentar pruebas ni testigos. Esta decisión deberá ser ratificada tres meses después y existe un plazo de un mes para su resolución. Es decir, durará unos cuatro meses.
Por su parte, los de entre 14 a 16 años, podrán modificar su nombre y sexo en el Registro Civil pero deberán estar acompañados por sus padres. Y, en el caso de que un menor no cuente con el consentimiento de estos, se nombrará un defensor judicial para resolver el conflicto.
De 12 a 14 años también se puede modificar el género siempre y cuando el menor tenga la autorización de un juez, que examinará su madurez; mientras que los menores de 12 años no pueden cambiar la mención registral del sexo pero sí su nombre para ajustarlo al género con el que se identifica.
Garantiza derechos LGTBI
Aunque los artículos específicos sobre las personas trans son los que han centrado el debate del texto, esta ley también incluye otras medidas como el acceso a la reproducción asistida de las personas LGTBI, la filiación de los hijos de parejas lesbianas sin que estas deban estar casadas, medidas de formación en diversidad para asistentes de personas mayores o medidas en relación a la educación y contra la discriminación del colectivo (laboral, social, ocio).
Esta norma también reconoce el sexilio, que es el abandono de un pueblo o ciudad por parte de una persona del colectivo debido a la discriminación o LGTBIfobia que sufre en su entorno en dicho lugar.
Discrepancias entre los socios del Gobierno
Este texto impulsado por el Gobierno, ha sido aprobado, finalmente, con un acuerdo entre los dos socios, a pesar de que durante su tramitación ha evidenciado las diferencias existentes en este tema.
Durante la primera fase de tramitación en el Congreso, los socialistas presentaron enmiendas al texto para endurecer la autodeterminación de género de los menores y también el proceso de reversión de una persona que se hubiera cambiado el nombre y el sexo en el Registro Civil. Estas propuestas fueron rechazadas por la mayoría de la Cámara en el debate en la Comisión de Igualdad y el PSOE decidió retirarlas y no llevarlas a debate al Pleno del Congreso, ni presentarlas de nuevo en el Senado.
Una de las voces más críticas con la ley ha sido la exvicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, que ha roto la disciplina de voto de su partido en todas las votaciones sobre esta ley que se han producido en el Congreso. En lugar de apoyar el texto se ha abstenido. Además, una senadora socialista, Susanna Moll, también ha roto la disciplina de voto, rechazando la Ley en la Cámara alta.
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