TRIBUNALES | En la plaza de San Miguel de Valladolid

El fiscal reitera que la intención del ultravioleta que apuñaló a otro era la de matarle

  • La defensa del joven acusado, que se enfrenta a una pena de nueve años, argumenta que hubo un forcejeo y que no fue un ataque con alevosía.

Ical

El fiscal que ejerce la acusación contra Emilio José G.V., el joven integrante de la peña 'Ultra Violetas' acusado de acuchillar a otro miembro de este grupo relacionado con el Real Valladolid a las puertas de un bar de la plaza San Miguel, insistió hoy, en la jornada final del juicio que se ha venido celebrando en la Audiencia Provincial, que la intención del acusado era la de acabar con la vida de R.R.A.

Aunque reconoce que el encuentro entre el acusado y la víctima fue casual, el ministerio fiscal mantiene que hubo intención de asesinar al tratarse de una agresión reiterada al lanzar múltiples ataques con un arma blanca de, al menos, ocho centímetros de hoja, con la causó tres heridas, una primera en el muslo, otra en el antebrazo izquierdo y una tercera, la más grave, en el brazo izquierdo que le sección la arteria humeral y los nervios cubital y mediano. En este sentido, el fiscal también aseguró que ha quedado demostrado que la arma utilizada no fue un cúter de papelería como aseguró el acusado.

Además, sostiene que se trató de un ataque con alevosia y mantiene que tanto Roberto A.G. como Rodrigo R.B., que se enfrentan a una pena de cinco años, fueron cómplices al impedir que un amigo de la víctima intentara poner fin al ataque de Emilio José G.V. Para el otro de los acusados como cómplice, Álvaro A.P., el fiscal ha retirado sus acusación al asegurar que no existen pruebas claras que le incriminen.

Los argumentos del fiscal fueron compartidos por el abogado de la víctima, que aseguró que su cliente en ningún momento pudo huir debido al pinchazo que recibió en el muslo. Además, también mantuvo la acusación para Álvaro A.P., al considerar que “participó activamente en el ataque”.

Mientras tanto, la defensa de Emilio José G.V. aseguró que el acusado nunca tuvo la intención de asesinar a R.R.A, y argumentó que la víctima propinó un golpe al acusado en la cara y que fue en ese momento, al intentar esquivar el golpe con la mano en la que portaba el cúter, cuando de forma involuntaria le hirió en el brazo. “No se puede hablar de intención de matar. En ese momento le podía haber lanzado una puñalada al pecho”, aseveró, además de recordar que los primeros ataques se dirigieron hacia las piernas y que “estamos ante lesiones que no son mortales”.

A su vez, rechazó que el acusado actuara con alevosía y argumentó que R.R.A pudo defenderse, algo que también intentó un amigo de la víctima. A su vez, como atenuante pidió al tribunal que tenga en cuenta que actuó bajo los efectos del alcohol.

Sobre los acusados de cómplices, argumentó que en ningún momento acorralaron a la víctima y explicó que, según la grabación de la cámara del bar, ambos aparecen en escena siete segundos después del acusado. A su vez, aseguró que la única razón por la que la Roberto A.G. está sentado en el banquillo es por “ser el único solvente y por el afán de la víctima de lograr una indemnización. Ni Roberto ni Álvaro acorralaron a la víctima ni intimidaron a nadie”, sentenció.

Por su parte, el abogado defensor de Rodrigo R.B., calificó de “bochornosa” la valoración de la Policía Nacional y aseguró que su informe sólo está basado en “suposiciones”. Además, aseguró que la víctima pudo huir y que, según se demuestra en la grabación, ni Rodrigo ni Roberto intervinieron en ningún momento.

Penas

El fiscal elevó hasta los nueve años de cárcel su petición de pena para Emilo José G.V., al mantener que se trata de un delito de asesinato en grado de tentativa y propone al tribunal que como alternativa sea condenado por un delito de lesiones con el agravante de alevosía.

Mientras tanto, el abogado de la víctima mantiene la petición del fiscal, pero en el caso de los cómplices no modifica su planteamiento inicial y solicita penas de cinco años para cada uno. Además, reclama una indemnización conjunta de los cuatro acusados de más de 257.000 euros.

Por su parte, la defensa pide tres años de prisión por un delito de lesiones dolosas en concurso con lesiones imprudentes y, como alternativa, un delito de lesiones dolosas preintencionadas con una pena de año y medio.