El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el líder de Vox, Juan García-Gallardo, comprometieron este jueves un Gobierno de coalición sólido, estable y fuerte y garantizaron que ofrece estabilidad para toda la legislatura, para evitar otro adelanto electoral.
Fernández Mañueco y García-Gallardo, presidente y vicepresidente en el próximo Gobierno de coalición en Castilla y León, firmaron el acuerdo al término de la sesión constitutiva de las Cortes, ya que la Presidencia y Mesa de la Cámara también se encuentra en el pacto, al que llegaron in extremis.
El dirigente del PPCyL afirmó que este acuerdo cumple con el resultado que arrojaron las urnas el pasado 13 de febrero, aseguró que se garantiza la estabilidad y se evita que se pueda presentar una moción de censura sustentada en tránsfugas y "pactos ocultos", así como que haya un adelanto electoral. "Es un éxito", resumió.
García-Gallardo afirma que su partido afronta el reto de entrar en el gobierno "con la máxima responsabilidad".
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Once ejes de gobierno y 32 acciones
El pacto de gobernabilidad en Castilla y León firmado este jueves entre el Partido Popular y Vox incluye once ejes de gobierno y un total de 32 acciones.
La primera de esas 32 acciones recoge la aprobación de una ley de Desarrollo y Competitividad Rural, con un apoyo al medio rural, además de que se incluyen medidas como priorizar la creación de empleo "estable y de calidad", el retorno del talento, el fortalecimiento del tejido económico, con "especial incidencia" en el emprendimiento, además de favorecer la reindustrialización y aprovechar los recursos propios y el apoyo a las explotaciones mineras existentes y los proyectos previstos de minería.
Asimismo, PP y Vox se comprometen a instar al Gobierno y a la UE a proteger el campo y la industria "de la competencia desleal" del producto extracomunitario; a apostar por el futuro del sector servicios, el comercio, el turismo, la hostelería y el transporte, y a impulsar el equilibrio territorial entre todas las provincias.
Igualmente, se reconoce el carácter "esencial" de la actividad agrícola y ganadera, así como de la industria agroalimentaria; se ampliarán las zonas de regadío; se pedirá al Gobierno central un "equilibrio" entre la ganadería y la protección del lobo; se garantiza la sanidad pública," reforzando las inversiones" para crear un sistema sanitario "cercano, gratuito e innovador".
Ambas formaciones se compromete a aprobar una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar, promover medidas preventivas y dotar de una protección adecuada a sus víctimas, además de actualizar la normativa vigente en materia de protección para mejorar la atención a las víctimas, especialmente cuando sean menores, mayores, mujeres, personas con discapacidad o personas vulnerables.
Asimismo, se comprometen a luchar contra la pobreza y la exclusión social, apoyar la familia "como institución básica de la sociedad y pilar del estado del bienestar"; a apoyar la natalidad con ayudas directas, conciliar la vida familiar y laboral, consolidar un modelo educativo basado en "en el mérito, el esfuerzo y la capacidad, que
tenga por objeto la excelencia, generador de oportunidades y libre de adoctrinamiento ideológico"; y exigir una EBAU única.
Acceso a una vivienda en condiciones de igualdad con especial atención a jóvenes y al mundo rural; mejorar la conectividad; consolidad a castilla y León como referente cultural y protección del patrimonio; defensa del patrimonio natural y forestal y desarrollo de sus oportunidades; son otras de las acciones recogidas en el acuerdo donde además se incluye que el compromiso de trabajar por la dignidad, memoria y justicia de las víctimas del terrorismo.
Desde este acuerdo, ambas formaciones reclamarán una financiación autonómica "justa y solidaria", garantizarán "transparencia y eficacia" en los fondos europeos, impulsarán una política fiscal "inteligente", capaz de atraer y retener tejido productivo con una Administración "cercana, eficaz, austera y transparente".
Se reconoce, además, el papel "protagonista" de los municipios y las provincias, la despoblación y las políticas demográficas serán "cuestión prioritaria", pedirán al Gobierno central revertir una política energética, además de que promoverán una "inmigración ordenada" que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León.
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