El Consejo de Gobierno aprobó en su reunión de este jueves el Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado, una normativa que, en palabras del consejero de Educación, Juan José Mateos, supondrá para el colectivo la posibilidad de disponer de presunción de veracidad en sus informes y declaraciones en caso de versiones contradictorias en un litigio derivado de su función docente. Asimismo, y como consecuencia directa del reconocimiento como autoridad pública, en el supuesto de que el profesorado sea víctima de agresiones o intimidaciones graves derivadas de su tarea docente, éstas podrán ser calificadas como delitos de atentado a la autoridad, lo que supondrá un endurecimiento en las penas de los autores, que según recoge el Código Penal podrían ir hasta los cuatro años de cárcel, además de que los delitos podrán ser perseguidos de oficio por la Fiscalía.

“La convivencia escolar en Castilla y León es una de las características importantes que dota de calidad a nuestro sistema educativo. Es un requisito básico para el modelo educativo y una de nuestras fortalezas, y con esta normativa hemos querido impulsar la autoridad del profesorado, un aspecto clave porque convivencia y autoridad van unidas. Estamos dotando a nuestros profesores de una herramienta muy importante para que puedan desarrollar su actividad”, resumió Mateos.

Según apuntó, se trata de una ley que “tiene un recorrido largo” ya que incluye las aportaciones reaalizadas tras su paso por la Mesa Sectorial de Educación, los miembros del Pleno del Observatorio de Convivencia Escolar de Castilla y León, los distintos departamento del Gobierno Autonómico, el Consejo Escolar y el Consejo Consultivo,si bien “en su tramitación podrá ser mejorada”, ya que desde la Consejería son “receptivos a que haya la máxima participación de todas las fuerzas políticas”, con la esperanza de “que sea aprobada por unanimidad”.

“Nuestros profesores merecen tener la autoridad necesaria para poder desarrollar una labor tan vital, que es la garantía de la educación y un elemento clave para el resultado que tienen nuestros alumnos y centros de Castilla y León”, añadió antes de asegurar que la ley es “sencilla” al contar con once artículos estructurados en tres capítulos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

La normativa, que ha contado con el respaldo de las Ampas a través del Consejo Escolar, entrará en vigor el día después de publicarse en el Bocyl, ya que “no interrumpe nada en relación con el curso escolar”y no obedece a que Castilla y León sea una comunidad agresiva “en el comportamiento de los docentes ni de sus alumnos o sus familias”, sino a que “hay que reconocer que a veces hay problemas y la fortaleza de la ley es que trata de ayudar a resolverlos”. “Somos conscientes de que en ocasiones hay problemas y lo mejor que se puede hacer es prevenirlos. La Ley pretende que los profesores sientan la autoridad; se tienen que sentir apreciados por la propia administración, por los centros y por la sociedad”, remató.

Con este reconocimiento, el profesorado de Castilla y León (37.533 docentes, de los cuales 28.347 pertenecen a la red pública y 9.186 a la concertada-privada) dispondrá de la presunción de veracidad 'iuris tantum' (mientras no se demuestre lo contrario) de su palabra frente a la que cualquier ciudadano en caso de versiones contradictorias en un litigio por agresión en el ejercicio de su actividad docente.

Un modelo pionero

Mateos aseguró que Castilla y León ha sido “pionera” en esta materia desde que en el curso 2004-2005 se impulsó el Plan de Convivencia Escolar para dar respuesta a la preocupación educativa y social por el tema y desarrollar un intenso programa de actuaciones para la mejora de la convivencia escolar como aspecto estructural directamente vinculado a la calidad del sistema educativo.

También se refirió a la constitución en 2006 del Observatorio Regional de Convivencia Escolar, pionero en España, cuyo objetivo primordial es conocer la situación de los centros, determinar las causas de los problemas convivencia y promover planes de actuación, así como dar a conocer informes sobre la situación de la convivencia en las aulas. Y ese mismo año comenzó a funcionar el Programa de Asistencia Jurídica para el Profesorado presta asesoramiento y asistencia al profesorado que pueda encontrarse en situaciones en las que su autoridad como profesor y sus derechos como docente hayan sido vulnerados.

Durante el periodo 2006 a 2013, más de 700 profesores han sido atendidos por el programa, incluyendo asistencia legal prestada a determinados alumnos víctimas de situaciones de violencia escolar entre iguales y que también están incluidos en las coberturas del programa.

La aprobación del proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado continua avanzando en esta línea, ya que permitirá que los profesores puedan realizar con éxito la elevada tarea que la sociedad les encomienda y garantizará el derecho individual a la educación, porque para mejorar la convivencia en los centros docentes, los resultados académicos y aumentar la calidad es preciso transmitir que el profesorado, además de la autoridad que le confiere sus conocimientos, está investido de una autoridad institucional por ejercer la función docente y ser, con ello, garante inmediato del derecho constitucional de la educación, y esa es la finalidad principal del proyecto de ley.