MEDIO AMBIENTE

El Parque Empresarial del Medio Ambiente requiere de seis millones para su urbanización

  • La Junta de Castilla y León ha invertido 50 millones de euros en la Ciudad del Medio Ambiente, paralizada desde diciembre por el Tribunal Constitucional.

rtvcyl.es

El Parque Empresarial del Medio Ambiente (anteriormente Ciudad del Medio Ambiente) requiere de una inversión de al menos seis millones de euros para su urbanización y la cobertura jurídica pertinente para comenzar a estar operativo.

Así lo corroboró hoy el director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, José Manuel Jiménez, quien presentó el nuevo proyecto.La Junta de Castilla y León, calcula para finales de año la aprobación definitiva mediante Decreto.

Jiménez advirtió de la posibilidad de que el Decreto acabe "judicializado", una cuestión que "no beneficia en nada" a este proyecto, que, según sus palabras, "persigue convertir al Soto de Garray en un polo de innovación medio ambiental". "Se deberá convivir con la judicialización de los trámites", lamentó.

Hasta la fecha la Junta de Castilla y León invirtió 50 millones de euros en la zona, ocho de los cuales se destinaron a ejecutar la Cúpula de la Energía, sede de este proyecto, que requiere, a su vez, de otros doce millones de euros para su finalización. A esta cantidad también habrá que sumar la indemnización pertinente a la empresa constructora que ejecutaba estas obras y que fueron paralizadas.

Las obras de la Cúpula de la Energía también fueron paralizadas por los tribunales debido a que su volumetría en altura excedía lo permitido por la Ley. El director general aseguró, en este aspecto, que la altura de la cúpula no se adaptaba al antiguo proyecto regional, por lo que actualmente se tratará de adaptar a la nueva normativa general urbanística, y añadió que se invertirá en la sede del proyecto atendiendo a las previsiones presupuestarias.

La nueva iniciativa de carácter industrial intenta adaptarse al contexto económico actual, para lo cual desecha la intención de acoger viviendas, zonas residenciales y parques ecuestres, como tenía inicialmente previsto. De este modo pasa de 540 hectáreas a 148 hectáreas y se excluye el suelo rústico ubicado al sur de la CMA, que suponía 320 hectáreas.

El proyecto está paralizado desde diciembre del pasado año, fruto de una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, que declaró ilegal la Ley que blindaba el Proyecto Regional de Ciudad del Medio Ambiente. Tras la resolución judicial, la Consejería de Medio Ambiente ha tratado de adaptar el proyecto a las circunstancias judiciales y urbanísticas.

Tal y como ya subrayó el consejero del área, Antonio Silván, las iniciativas empresariales que comprometieron su instalación en la zona continúan apostando por realizar su inversión en Garray, un extremo que también corroboró Jiménez quien,  no obstante, reconoció que la "judicialización del proyecto, el contexto de las renovables y la crisis económica" han generado incertidumbre a los promotores.

A pesar de ello, insistió en que los empresarios entienden que las infraestructuras ambientales del suelo del Parque Empresarial de la CMA (depuradora, calor más barato, electricidad verde) les generan ventajas competitivas. 

La tramitación ambiental comenzó el 21 de marzo, con la fase de consultas previas a entidades que determinan el alcance del Estudio de Impacto Ambiental. Esta fase que ya ha finalizado, ha permitido la incorporación de informes al documento inicial que mañana saldrá a información pública.

El período de información pública del nuevo proyecto comienza mañana y finaliza el 1 de agosto. En total las entidades afectadas y los ciudadanos que lo deseen tendrán 45 días hábiles para presentar las correspondientes alegaciones al proyecto, al que se le sumarán todos los informes preceptivos de todos los organismos implicados.

Una vez que finalice el período de información pública y consultas, el 1 de agosto, se elaborará la DIA; se adaptará el proyecto a los informes vinculantes; se someterá a informe del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León y finalmente  será el Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico el que le de el visto bueno. Tras este trámite, el proyecto contará con su preceptivo Decreto publicado en el BOCYL antes de finales de año.