El expresidente de Asaja Valladolid, Lino Rodríguez, ha negado que utilizara Asaja Valladolid y sus organizaciones sectoriales para su enriquecimiento personal, y aseguró que solo recibió de la organización agraria el sueldo que tenía estipulado como trabajador.

En la primera jornada del juicio que se sigue contra él y contra la excúpula de Asaja en la Audiencia Provincial de Valladolid, Rodríguez argumentó que su trabajo en la organización agraria consistía en poner en marcha servicios para los socios y otras actividades económicas que reportaran ingresos a Asaja e hicieran viable su funcionamiento desde un punto de vista económico, a la vez que recordó que cuando él alcanzó la presidencia, había trabajadores que llevaban un año sin cobrar.

Durante el interrogatorio del fiscal, que se prolongó durante dos horas, Rodríguez aseguró que su contrato laboral fue ofrecido por la propia directiva de Asaja y aseguró que además de esta relación laboral, "era público y notorio" que los directivos también conocían que disponía de una tarjeta de crédito, así como un contrato con la gestoría Sodeprin, controlada por su esposa, a la vez que recalcó que "nunca cogió dinero para su bolsillo".

Además de cometer algunas contradicciones con sus declaraciones previas, según sostuvo el fiscal, en su declaración el ex presidente de Asaja aseguró que no recordaba viajes realizados entre 2002 y 2008 a Disneyland-París, Milán o Nueva York, donde realizó pagos con una tarjeta de crédito a nombre del Grupo para el Desarrollo Rural Colectivo (Derco), asociación creada al amparo de Asaja. Además, tampoco recordaba pagos con esa tarjeta en un sex shop, en una peluquería o en cines.

A su vez, durante el interrogatorio de su abogado, reconoció que todas las actas de las reuniones del Comité Ejecutivo, de la Junta Directiva y de la Asamblea General, donde se presentaban y aprobaban las cuentas, han desaparecido. En este sentido, apuntó que era el tesorero, Alberto Cano, la persona que denunció la presunta trama, el encargado de presentar las cuentas de Asaja, a la vez que reconoció su enemistad con él tras el cese del gerente de la organización, Fernando Redondo.

Además de insistir en nunca se llevó dinero, Rodríguez recalcó que durante su mandato nunca se dejaron de presentar las cuentas anuales a la asamblea, a la vez que indicó que en varios de sus viajes a Escocia, Holanda, Alemania, Estados Unidos y Argentina estuvo acompañado por Fernando Redondo y Alberto Cano.

Tarjetas

También declaró la mujer de Lino Rodríguez, Ana Isabel de la Fuente, responsable de Sodeprin, gestoría contrata por Asaja a partir de 2006, que se negó a contestar a diferentes preguntas relativas a gastos de viajes a México, Nueva York y Disneyland-París, pagados por su esposo con un tarjeta a nombre de Derco. Además, también se negó a contestar cuando le preguntaron por un pago de 1.850 euros en un restaurante de Valladolid que coincidió con la comunión de su hijo.

También fue interrogado el que fuera secretario técnico de Asaja entre 2006 y 2010, Fernando Redondo, que aseguró que durante ese periodo no se celebraron asambleas generales, a la vez que reconoció que él fue expulsado del consejo directivo de Asaja en 2013 después de que pidiera explicaciones a Lino Rodríguez por los 80.000 euros transferidos desde Indycons a Campo de Peñafiel, que para Redondo fue un préstamo que nunca se devolvió.

Casino

A su vez, Fernando Redondo reconoció varios gastos en casinos por valor de más de 17.000 euros pagados con la tarjeta Remolacheros. No obstante, indicó que él devolvió un tercio de esta cantidad con dos ingresos a la cuenta de Remolacheros y que el resto lo consideró como gastos de representación dado que las fichas se las entregó a representantes de sociedades con las que Asaja intentaba mantener relaciones empresariales.

Gerardo Rico

Mientras tanto, el cuarto de los acusados en esta causa, Gerardo Rico, exvicepresidente de Asaja y presidente de Indycons, reconoció que en esta cooperativa, aunque era el presidente, el control absoluto lo tenía Fernando Redondo. Además, explicó su trabajó para Indycons en tareas de campo, aunque luego fue destinado a la cooperativa Campos de Peñafiel.

Además, un testigo que más tarde ocupó la presidencia de Indycons, explicó que Campo de Peñafiel arrastra una deuda con Indycons de más de 30.000 euros por la compra de patatas, dado que se alcanzó un acuerdo por valor 211.000 euros y solo se abonaron 178.000 euros. El juicio, que en su primera jornada se prolongó hasta cerca de las 21.00 horas, se reanudará mañana a las 9.30 horas.

Penas

Lino Rodríguez se enfrenta a una condena de 13 años y seis meses por un delito de administración desleal, otro de falsedad documental en concurso con apropiación indebida y un tercero de falsedad en documento mercantil, por la denominada ‘Operación cebada’, fruto de la investigación policial a raíz de la denuncia presentada por el tesorero de la organización agraria en 2013.

En el juicio, que está previsto que se prolongue hasta el 4 de marzo, también se sentarán en el banquillo de los acusados la esposa del principal acusado y administradora de la gestoría Sodeprin, Ana de la Fuente, para la que la Fiscalía pide dos años de prisión por un delito de falsedad documental en concurso con apropiación indebida; Fernando Redondo, que se enfrenta a una pena de seis años por apropiación indebida; y Gerardo Rico, para quien el fiscal pide cinco años de prisión por apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

Según sostiene la Fiscalía, Lino Rodríguez, elegido presidente de Asaja en 1990, cargo en el que permaneció hasta 2015, se hizo con la "confianza" de los asociados y con el control absoluto de la organización y de las sociedades y asociaciones creadas a su amparo, lo que aprovechó para destinar parte de sus ingresos en beneficio propio y de otras personas.

Además, se argumenta que desde 1990, al amparo de Asaja, se crearon diversas asociaciones sin ánimo de lucro para conseguir fondos de las subvenciones otorgadas por la Fundación para Formación Continua, fondos que Lino Rodríguez utilizó sin justificación alguna y sin atender a los fines de aquellas, provocando quebranto en el patrimonio de estas organizaciones.

El ministerio público reclama el pago de indemnizaciones que suman más de tres millones para Lino Rodríguez y considera además en parte responsables solidarios, en distinta cuantías, a su mujer, a Fernando Redondo y a Gerardo Rico.

Por último, cabe recordar que Lino Rodríguez cumple condena de dos años y ocho meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de otros dos de fraude en el cobro de subvenciones a la Junta en sendos expedientes tramitados a través de la sociedad Campo de Peñafiel por importe global de más de un millón de euros.