Castilla y León se mantiene entre las comunidades autónomas con menores índices de pobreza y exclusión social en España, aunque la tendencia reciente coloca a la región en una posición límite. Durante el último año, la tasa AROPE ha crecido un 1,3 por ciento, lo que supone la incorporación de 32.000 personas más a esta situación de vulnerabilidad.

El contraste entre autonomías continúa siendo considerable. Mientras que el País Vasco encabeza los niveles más bajos de pobreza, regiones como Andalucía, Ceuta y Melilla registran los índices más elevados, con diferencias que alcanzan casi los 30 puntos porcentuales. Castilla y León se sitúa en la mitad de la tabla, pero el empeoramiento de sus tres indicadores base —pobreza, carencia material severa y poder adquisitivo— impide margen para el optimismo.

La infancia sigue siendo el colectivo más castigado, registrando a casi uno de cada tres niños en riesgo socioeconómico. Le siguen de cerca las mujeres, personas con discapacidad y los residentes en zonas rurales. Además, el acceso a la vivienda se ha consolidado como un factor determinante de empobrecimiento: el 53,3% de quienes viven de alquiler a precio de mercado se hallan en riesgo de pobreza.