La Junta de Castilla y León ha iniciado los trámites para exigir por la vía judicial la eliminación del peaje de la AP-66, la autopista que conecta León con Asturias. El Gobierno autonómico considera que este pago supone una barrera para la movilidad y la competitividad de las empresas de la Comunidad.

La decisión llega después de que la Comisión Europea concluyera que la prórroga de la concesión del peaje del Huerna hasta 2050 vulnera el derecho comunitario. Según ha explicado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, aquella modificación introdujo cambios sustanciales en las condiciones económicas y en la duración del contrato. Una decisión que, a su juicio, dio lugar a una nueva concesión sin licitación pública, contraria a los principios de transparencia.

El Ejecutivo autonómico estudia ahora las posibles vías legales para impugnar esa prórroga. No descarta iniciar actuaciones administrativas antes de acudir a los tribunales. “Es posible que quepa un requerimiento ante el Gobierno para que modifique esta decisión y, en segundo lugar, un recurso ante el Supremo”, ha señalado Fernández Carriedo.

Una vía judicial que ya ha emprendido el Principado de Asturias. La Junta asegura que su actuación está en consonancia con la del Gobierno asturiano y recuerda que en otras ocasiones se ha planteado la posibilidad de que varias comunidades autónomas actúen conjuntamente. “Estamos en plazo y lo queremos hacer en defensa de los intereses de nuestra Comunidad”, ha afirmado el portavoz.

En Castilla y León discurren cinco autopistas de peaje. La AP-66 será la primera cuya prórroga de concesión impugne la Junta, con el objetivo de conseguir la supresión del pago por circular entre León y Asturias.