Cuando hablamos de energía defraudada, la que se consume y no se paga, el mecanismo habitual que se utiliza es el del enganche ilegal, bien a la red municipal o al contador de otra vivienda o negocio. Según las empresas eléctricas, el 99% de la energía que se defrauda en España se origina en el sector residencial de gran consumo, en servicios y también en industria. Pero cuando consultamos a los profesionales a pie de calle nos dicen que los enganches ilegales en viviendas particulares son mucho más frecuentes de lo que aparece en las estadísticas.

Lo vemos en una comunidad de vecinos. Gracias a un electricista encontramos un enganche ilegal. Los cables de entrada y los de salida están juntos, sin pasar por un contador. En la mayoría de ocasiones son los administradores de fincas o los propios vecinos los que dan la voz de alarma. "Nos llaman para avisarnos de que hay un okupa en un piso para que desconectemos la luz. Pues no, no es tan fácil. No puedes desconectarle porque lo que estás haciendo es coaccionarle para que se vaya", dice José Luis Mozo, presidente de APREMIE Instaladores Eléctricos. La ley les protege. Solo la compañía suministradora puede cortar la luz.

Estos enganches, además, son peligrosos. Si una persona ajena a una instalación eléctrica los toca sin darse cuenta puede electrocutarse. Incluso pueden provocar incendios en el edificio.

Son millones de euros los que se pierden en estos fraudes. Las compañías lo saben y lo acaban recuperando con las facturas del resto de consumidores. O sea, los enganches ilegales los pagamos todos.

En 2020, según la información de Iberdrola, se hicieron más de 300.000 inspecciones en todo el país. En el 23% de los casos se detectó un fraude. En Castilla y León las inspecciones fueron casi 33.000 y en torno al 20% resultaron enganches ilegales.