El proyecto de ley de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno, es una de las "tres patas" para una movilidad del siglo XXI que se asentará también en el nuevo mapa de ordenación, en el que ya trabaja la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y en los contratos concesionales, inferiores a los actuales y en el que se primarán los servicios integrados zonales sobre los actuales lineales.

La norma reconoce el carácter universal y de servicio público esencial instrumental del transporte público de viajeros por carretera para el acceso, en condiciones de igualdad, a los servicios públicos básicos y define un transporte eficiente, sostenible, seguro, moderno y de calidad en Castilla y León, que conecte lo rural y lo urbano y coloca al ciudadano en el primer plano reconociendo un catálogo de derechos de las persona usuarias que la Administración debe tutelar, destacó el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Así, avanzó que junto a la ley que se remite a las Cortes ya trabajan en una propuesta de bases del mapa de ordenación del transporte, que se publicará después del verano y que pretende que sea consensuada con los agentes del sector y ciudadanos ya que se trata de pasar de la movilidad de los años 80 a la del siglo XXI en función de la estructura demográfica y territorial de la Comunidad.

No obstante, precisó que se trabaja "sin prisa" en el mapa de ordenación pero añadió que el decreto por el que se aprobará no verá la luz este año, sino en el horizonte de 2019. Por otro lado, señaló que trabajan en los contratos concesionales, que vencen el próximo año, y que pasarán de los 150 actuales a unos 80 y en los que se primarán los servicios integrales zonales sobre los actuales lineales.

Ley rural

Suárez-Quiñones afirmó que es una "ley de peso y de comunidad" y confió en contar con el consenso en las Cortes para la aprobación de un modelo de transporte y movilidad del siglo XXI. Además, destacó que está diseñada para una Comunidad eminentemente rural y se da rango rango normativo al transporte rural, como reconocimiento a una de las singularidades fundamentales de la movilidad de Castilla y León.

Así lo rural y lo urbano se complementan, dado que Castilla y León cuenta con más de 6.000 núcleos de población, más de 150 operadores y 300 títulos concesionales de transporte. También, recordó que el 80 por ciento de la población vive en el 12 por ciento de los municipios, mientras que en el 88 por ciento de los municipios residen el 20 por ciento de los habitantes de la Comunidad.

Estas peculiaridades socio-territoriales motivan el reconocimiento por primera vez del transporte público de viajeros por carretera como un servicio esencial y universal, entendiendo su trascendencia instrumental para acceder en condiciones de igualdad al resto de servicios básicos.

La futura ley garantiza la accesibilidad universal del transporte público en todo el territorio de la Comunidad Autónoma en donde haya un asentamiento fijo de población, convirtiendo la movilidad en un instrumento decisivo en la lucha contra la despoblación. Para ello, declara el transporte público regular de viajeros por carretera de uso general interurbano y urbano como servicio público de titularidad de la Administración y, consecuentemente, responsabiliza a la Administración de la adecuada sostenibilidad económico-financiera del sistema que se nutrirá de los ingresos tarifarios, la explotación de otros recursos adicionales y de las aportaciones públicas necesarias en el caso de que el servicio fuera deficitario.

En este contexto, la ley pone al ciudadano en primer plano al regular, por primera vez, un catálogo de derechos de las personas usuarias y tiene en consideración la visibilización de las personas de movilidad reducida para la adecuada integración de su movilidad en los servicios de transporte público y en las infraestructuras complementarias al transporte.

La nueva normativa garantiza un transporte público de calidad, moderno, seguro y eficiente, incorpora las nuevas tecnologías al servicio del usuario y contribuye a la lucha contra el cambio climático, obligando a una 'movilidad sostenible', reconocida ésta expresamente como uno de los principios básicos que deben regir su aplicación.

Otro contenido singular del proyecto es el reconocimiento legislativo del 'transporte a la demanda', un referente en España en cuanto a la aplicación de medidas de transporte por carretera en ámbitos territoriales de difícil cobertura, que ha significado un hito en esta Comunidad Autónoma por su alto nivel de desarrollo técnico.

Respecto a los sistemas de gestión, la ley destaca la prestación conjunta de los servicios regulares de uso general y uso especial como herramienta adicional de optimización de los recursos destinados al transporte público, así como el reconocimiento expreso de la posibilidad de subcontratación en una comunidad autónoma como la nuestra, con un territorio tan extenso que hace que en ocasiones sea imprescindible acudir a esa figura.

Servicios integrados

Destaca el régimen jurídico de los 'servicios integrados zonales' que si bien están previstos en la legislación estatal sectorial, se convierten, en el caso de Castilla y León, en la fórmula preferente de prestación de los servicios de transporte interurbano, ya que es la que mejor se acomoda a las necesidades de movilidad en la Comunidad Autónoma dado el afán de dotar de la máxima cobertura en el territorio, especialmente en el ámbito rural.

En el ámbito del transporte urbano no se introducen cambios significativos, aunque la nueva ley integra la regulación que establece la Ley de Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León del año 2002. Así se establece que los ayuntamientos pueden otorgar autorizaciones habilitantes para realizar transporte discrecional de viajeros en autobús, licencias para el transporte urbano en taxi y posibles autorizaciones de servicios de transporte turístico.

La nueva norma da soporte legal a órganos preexistentes de interés sectorial, como son el Consejo de Transportes de Castilla y León y las Juntas Arbitrales del Transporte.

Sobre planificación y coordinación entre administraciones, la Ley de Transporte Público de viajeros por carretera de Castilla y León prevé la coordinación entre planeamiento urbanístico, ordenación del territorio y planificación del transporte, con la regulación de instrumentos como el 'Mapa de Ordenación de Transportes', los consorcios de transporte y la creación de entidades locales asociativas que puedan actuar como autoridad de transporte, los planes de movilidad sostenible de carácter urbano y metropolitano y la coordinación de paradas, entre otros.

Por último, esta ley otorga protagonismo a las estaciones de transporte de viajeros por carretera, con el objetivo de que Castilla y León cuente con infraestructuras modernas y adecuadas, destinadas al servicio público general, que respondan a criterios de modernización, máximo confort y seguridad. Para ello, se determinan unos requisitos homogéneos para todas pero adaptados al volumen de expediciones de transporte anuales.