La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, pidió este lunes a la empresa Azucarera, propiedad de AB Sugar, que remunere el coste de la producción de remolacha en Castilla y León, la principal productora de España, como ocurre en otros países de la Unión Europea, como Francia, Italia, Alemania y Holanda, tras la eliminación de la ayuda autonómica de tres euros por tonelada debido a la reducción de un 17% en los presupuestos de su departamento para este año.

Al término de la reunión de la comisión sectorial para el cultivo de la remolacha, Clemente argumentó que la fase de "transición" originada a raíz de la reforma de la OMC del azúcar de 2006 está "superada", por lo que este "gasto público", acordado en 2008, "tiene que dejar de realizarse". "Son las industrias las que en este momento tienen que dar un paso al frente de forma decidida. Acor y, sobre todo, Azucarera para remunerar el coste de producción de remolacha", añadió la consejera, quien recordó que la primera "ya está pagando retornos a los socios".

Estos incentivos o bonificaciones podrían pasar, como ocurre en otros países del entorno, por incentivos a la siembra, por pulpa, bonos de fidelidad, primas por retrasos en las entregas, prima a la calidad, o referenciar el precio del cultivo al de otros, como el trigo.

Para Clemente, esta remuneración "es algo imprescindible por parte de Azucarera" y se tiene que traducir "en la fórmula de pagar un complemento". "La situación internacional lo permite. Es rentable producir azúcar porque los precios en el mercado europeo están muy por encima del precio de referencia establecido, 710 euros por tonelada de azúcar blanco frente a 400, y los productores tienen que percibir también el beneficio de un mayor precio del azúcar en los mercados", recalcó Silvia Clemente.

Por su parte, AB Sugar sostuvo, en palabras de la propia consejera, que "todos los costes no son iguales y que las producciones son distintas en otros países". Al respecto, la máxima responsable de Agricultura y Ganadería en Castilla y León matizó que "los costes de producción en otros países son ínfimamente más pequeños que en Castilla y León porque aquí hay un coste del regadío, compensado con una alta producción".

Asimismo, recordó que en la Comunidad ha habido "un esfuerzo de profesionalización" que "tiene que dar lugar a un incentivo". "La industria tiene que ser como cualquier otra que tiene que comprar materia prima. Azucarera se lo tiene que plantear así, como la industria quesera compra leche. Hay que pagar cubriendo costes de producción y haciendo rentable el cultivo", reiteró.

Sobre la anunciada intención de UPA y COAG de llevar a la Junta a los tribunales por la vulneración del acuerdo suscrito entre el Gobierno autonómico y Azucarera y Acor en 2008, que incluía el pago de los citados tres euros por tonelada de remolacha, Silvia Clemente insistió en que la desaparición de la ayuda está "fundamentada desde un punto de vista legal" y que ya se han "comenzado a dar todos los pasos necesarios de modificación de todas las normas en las que aparece la ayuda", como el Plan Integral Agrario o la "suspensión" de la convocatoria de esta norma, acciones todas encaminadas a "normalizar la falta de apoyo de esta ayuda". "Estamos legitimados para hacerlo y, en todo caso, la posibilidad de acudir a los tribunales la tiene cualquier ciudadano y, por tanto, también UPA y COAG", dijo.

La Alianza por la Unidad del Campo, integrada por las dos citadas organizaciones profesionales agrarias, reiteró al finalizar el encuentro que el Ejecutivo autonómico es el único responsable de la desaparición de la ayuda y que "no" considera responsable civil subsidiario a la empresa Azucarera, a pesar de que su firma figure en el acuerdo de 2008.

Por su parte, y a través de una nota de prensa, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) denunció "la falta de responsabilidad política de Silvia Clemente" al "abandonar a su suerte a los cultivadores de Castilla y León" con la retirada de la ayuda, que se incluía dentro de la PAC de 2011 y 2012 -casi 20 millones de euros en su conjunto-, una medida con la que "incumple de una manera flagrante el Plan Integral Agrario, que fue una de sus apuestas personales de su mandato".